Con cargo al erario, el ex jefe delegacional en Cuauhtémoc y actual precandidato del PRD a diputado local José Luis Muñoz Soria promueve su imagen con fines electorales mediante el reparto de 32 mil 471 tarjetas Sí Vale, operadas mediante el programa Justicia Social, que tan sólo en 2008 y en lo que va de este año significó una erogación de 105 millones de pesos del presupuesto delegacional.

El plástico, mediante el cual se otorga un apoyo económico que va de 200 a 350 pesos mensuales, según el sector de la población atendida (jefas de familia, mujeres en estado de abandono, adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad), contiene el nombre del perredista y su anterior lema de campaña Seguimos gobernando juntos, y omite incluir la leyenda de que se trata de un programa de carácter público.

Según se consigna en una denuncia presentada por los diputados federales del PRD Armando Barreiro y Alfonso Suárez del Real ante la Contraloría General del Distrito Federal, la procuraduría capitalina, el Instituto Electoral local y la Comisión Nacional de Garantías del sol azteca, Muñoz Soria ha utilizado de manera flagrante la tarjeta Sí Vale como medio publicitario personal desde el inicio de su administración al frente de la delegación Cuauhtémoc, violentando diversas disposiciones legales.

De hecho, a su llegada en 2006, el ahora precandidato perredista modificó las reglas de operación del programa e inició el cambio del plástico, que en su primera emisión en 2001, sí cumplía con las disposiciones legales.

Aún sin conocerse sus aspiraciones políticas, el servidor público, de acuerdo con los denunciantes, ya estaba violentando la ley de Desarrollo Social local, que establece en su artículo 38 que en cualquier beneficio de tipo material y económico que se otorgue se debe incluir la leyenda de que se trata de un programa público desvinculado de cualquier partido político.

Con la entrada en vigor de las reformas electorales, en 2008, además violenta el artículo 134 constitucional y el 120 del estatuto de Gobierno, donde se consigna que en ningún caso la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Aún más, con su ya declarada aspiración a contender por una diputación local, Muñoz Soria también viola las disposiciones del Código Electoral del Distrito Federal, pues no sólo incurrió en un acto anticipado de precampaña, sino que con el monto utilizado en su promoción mediante la tarjeta Sí Vale rebasó el tope de 150 mil pesos fijado para sus actividades proselitistas.

La responsabilidad en esta irregularidad alcanzaría también al precandidato a la jefatura delegacional Agustín Torres, quien operaba el citado programa, y a las actuales autoridades administrativas, por validar y mantener esta acción, aun cuando el Código Penal local consigna la prohibición de desviar recursos públicos en los procesos electorales para el apoyo de un partido o candidato.

En los recursos interpuestos, Barreiro y Suárez del Real exigieron a las autoridades de las diversas instancias hacer las indagatorias correspondientes y fincar las responsabilidades a que haya lugar. De acreditarse los diferentes delitos, los castigos tanto penales como electorales irían desde una sanción administrativa, suspensión o inhabilitación, multas económicas, cárcel, y el retiro del registro como precandidato.