Los resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos son aceptables, porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) no son muchas las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Añadió que hacen falta reformas para dar solidez legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas para hacer nuestro trabajo con certeza y seguridad jurídica, señaló.

El fuero castrense

En entrevista con La Jornada, el general López Portillo, quien fuera procurador militar, dijo que no se prevén cambios en el Código de Justicia Militar para juzgar en el fuero común a militares que cometan delitos en agravio de civiles. No es que uno quiera retener la competencia (el fuero castrense) por capricho, pero ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad, lo han dicho, pero no lo prueban, si hubieran probado un caso a lo mejor tendríamos problemas.

Respecto del caso de los dos eperristas desaparecidos el 24 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, precisó que la Sedena no tiene ninguna información sobre su paradero.

La dirección a mi cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso; incluso vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión militar, a revisar los libros, a interrogar internos; vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esta información se le entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que no nos señala a nosotros.

Durante la plática, desarrollada en la sala de prensa de la Sedena, el funcionario –que recorrió todos los escalones de la justicia castrense– comentó que las denuncias más significativas en contra de soldados son las presentadas en Sinaloa de Leyva –cinco miembros de una familia, tres de ellos niños, acribillados– y la de Santiago de los Caballeros –cuatro civiles muertos–, ambas en Sinaloa, así como la de Aldama, Chihuahua –donde una mujer embarazada murió a tiros–, y una de Reynosa, Tamaulipas –donde murió otro civil–, casos, dijo, que son totalmente involuntarios.

–¿Cómo ha influido la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada para que se incrementen las quejas?

–Tenemos un despliegue de 45 mil elementos diariamente, más todo el trabajo administrativo en todas las unidades y dependencias del Ejército. Estamos hablando de un despliegue diario de 185 mil hombres y mujeres, y de mil 200 quejas (ante la CNDH), de las cuales sólo 671 dan lugar a una recomendación y 15 recomendaciones en el último año; estimamos que el número de quejas no es mucho en relación con la cantidad de gente que tenemos trabajando. Esto habla de que el adiestramiento del personal es adecuado.

–¿Ha disminuido algún factor de medición en las quejas que han conocido?

–Obviamente se incrementó la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada y esto genera un aparente incremento en las quejas. A golpe de vista pareciera que son muchas y que fuimos el primer lugar en esta materia pero, si hacemos un balance en cuanto a la actividad que se desarrolla, es positiva la actuación del personal militar. Obviamente quisiéramos no tener ni siquiera una reclamación, pero sólo se puede caer del caballo el que anda a caballo, ¿no? Estamos trabajando fuerte en beneficio del país, y pues se tiene este tipo de resultados que consideramos son aceptables, desde mi punto de vista y en el momento actual.

El general Jaime Antonio López PortilloFoto Francisco Olvera

–¿Qué me puede comentar de su participacion en Ginebra?

–Se hicieron señalamientos sobre el fuero de guerra y la revisión del Código de Justicia Militar por parte de algunos países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no se trata de una sentencia, son sugerencias. Ahí señalaron que revisemos el Código de Justicia Militar para otorgarle estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Como el bien jurídico tutelado es la disciplina militar, lo que busca el fuero de guerra es mantener la disciplina, que no tengamos un grupo de seres armados sin que nadie los controle. Hasta ahorita hemos demostrado que tenemos control hacia el interior en el funcionamiento de las fuerzas armadas.

–¿Cómo avanzar hacia un sistema en el que quede atrás la percepción de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que cometen militares quedan impunes?

–Nuestras sentencias y procedimientos son revisables mediante el amparo, y esa es una garantía para evitar la impunidad en favor de alguien.

“No nos han citado un caso concreto donde se diga, ‘aquí están los elementos de prueba en donde es contundente que el fuero de guerra ha sido un coto de impunidad’, y se ha mencionado a escala internacional; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, pero no lo prueba. Si hubieran probado un caso, a lo mejor tendríamos ya problemas, independientemente de quién lo generaría.”

–Ha habido recientemente manifestaciones en Nuevo León y otros estados en contra de la presencia militar. ¿Este tipo de reclamos, qué tanto pueden enrarecer el ambiente, cuando la propia Sedena ha dicho que castigará cualquier acto ilícito de sus integrantes?

–No lo enturbia, porque lo que estamos haciendo es un trabajo lo más eficaz posible para el Estado mexicano como fuerzas armadas, participando subsidiariamente en actividades de seguridad pública. Todo tipo de expresión que hemos visto a escala nacional y en otros temas genera un incentivo para las autoridades. Nos obliga a revisar nuestras estructuras, organización, funcionamiento, nuestra logística, todo lo que es necesario para mejorar nuestro servicio.

–¿No es un contrasentido que por una parte el Ejército diga que en cuanto se fortalezcan las policías se retraerá de labores de seguridad pública, y que por otra el general secretario Guillermo Galván afirme que van a seguir actuando y que se requiere de mayor cobijo legal?

–Tal vez, las fuerzas policiales están haciendo lo suyo, no se minimiza, pero a lo mejor se maneja más el aspecto de que es más intenso el trabajo de las fuerzas armadas que el de las policías. Independientemente de la desarticulación de la que se habla mucho, porque cada municipio, cada estado, tiene su propia policía, y en el caso de las fuerzas armadas somos un ente monolítico a escala nacional.