Los más de 80 mil millones de pesos que se perdieron del fondo de ahorro de los trabajadores en 2008 y la exorbitante ganancia de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), que en el mismo periodo obtuvieron 29 mil 16 millones de pesos de utilidades netas, propiciaron que diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia presentaran ante el pleno camaral una iniciativa de ley que restatizaría los fondos de ahorro para el retiro.

La propuesta pretende que cada trabajador se incluya en un nuevo sistema de reparto, desapareciendo, por añadidura, la capitalización individual.

La propuesta de ley se fundamenta en argumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su último reporte sobre México informó que con el actual sistema de pensiones privado los trabajadores con una percepción media obtendrán en su jubilación un ingreso equivalente a sólo 36 por ciento de su último salario. Dicha cifra es la más baja dentro de los países que conforman el organismo.

En 2008 el monto total de los ahorros de los trabajadores sufrió una merma de más de 80 mil millones de pesos, lo cual “representa una pérdida masiva e injusta de recursos, de la cual no responden ni las Afore ni el Estado, por lo que los trabajadores son los únicos que verán cómo desaparecen sus esfuerzos y esperanzas. Baste señalar que las comisiones promedio sobre el saldo se incrementaron hasta 87 por ciento, por lo que la supresión de la comisión sobre flujo no representó para los trabajadores ahorro alguno.

Por ello es indispensable llevar a cabo la restatización de los sistemas de ahorro para el retiro, evitando que las Afore se enriquezcan ilícitamente; las condiciones de vida de la clase trabajadora son cada vez más desventajosas e injustas, creando anarquía y desesperación, por la forma en la que se encuentra distribuida la riqueza en nuestro medio.

Así, la iniciativa de ley que restatiza los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro considera eliminar los procedimientos basados en el régimen de capitalización individual; se suprimen las Afore, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefore), el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y las instituciones especializadas en los seguros de pensiones.

Integrantes de la sección número 10 del sindicato magisterial se presentaron a mediados de mes en el Palacio de Justicia Federal para hacer entrega masiva del cuarto amparo para proteger sus ahorros y evitar el saqueo mediante las Afore y el PensionisssteFoto Carlos Ramos Mamahua

De esta forma las Afore y el fondo nacional transferirán en especie al IMSS y al ISSSTE los recursos e información que integran las cuentas individuales de los afiliados.

Dichos activos pasarán a integrar un Fondo Solidario de Reparto de cada uno de los institutos. Esos recursos se aplicarán de manera exclusiva para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios.

“De la misma forma las instituciones de seguros especializadas en el manejo de seguros de pensiones devolverán al IMSS y al ISSSTE los fondos de reserva de las obligaciones pendientes de cubrir.

La totalidad de las cuotas y aportaciones correspondientes a los trabajadores financiará las prestaciones a cargo del IMSS y del ISSSTE.

Agrega que la transferencia y administración de los ahorros por parte de las instituciones de seguridad social quedarán sujetas a la supervisión de una comisión de pensiones solidarias, integrada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, siete senadores y siete diputados, siete representantes de las organizaciones de los trabajadores y siete de una asamblea nacional de derechohabientes.

También, las compensaciones por estatización que pudieran corresponder a las administradoras de fondos para el retiro podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las mismas, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley.

Tanto IMSS como ISSSTE tendrán derecho a constituir una asamblea nacional de derechohabientes, integrada desde el nivel municipal, que transitará por las entidades federativas hasta la escala nacional, con plena autonomía y con derecho a designar representantes ante los órganos de autoridad de ambos institutos y ante la comisión de pensiones solidarias.

“Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos de los institutos no bastaren para cumplir con las obligaciones legales a su cargo, el déficit que hubiese será cubierto por el Estado por conducto del gobierno federal… los recursos de los fondos solidarios no podrán ser invertidos en valores extranjeros”, concluye la propuesta.