Nueva York, 20 de febrero. La crisis electoral de 2006 generó otra ronda más de reformas del Estado mexicano pero algunos preguntan si también ha desembocado en el fin de la viabilidad misma de ese Estado.

Es una transición fracasada y un Estado fallido, lanzó Porfirio Muñoz Ledo. Declaró que políticamente, si no aún en los hechos, el gobierno de Felipe Calderón ya está llegando a su fin, en lo que bautizó un mini-sexenio, y afirmó que para curar lo que padece México se requiere de un constituyente para resolver a fondo la crisis que enfrenta el Estado.

El senador Santiago Creel descartó que México sea un Estado fallido, y subrayó que la labor pendiente es resolver una paradoja: por el lado político, urge establecer el monopolio de la fuerza en el tema fundamental de la seguridad pública, el cual por ahora está fragmentado y dividido. Por el lado económico, es al revés, donde se tienen leyes que favorecen a los monopolios, sea en telecomunicaciones, energía, finanzas o transporte, en lugar de un ámbito competitivo. Donde necesitamos un monopolio, en la seguridad pública, no lo tenemos, y en la economía, tenemos un monopolio en lugar de competencia, afirmó.

Ambos, protagonistas centrales de esfuerzos para la reforma del Estado en México, ofrecieron diagnósticos de los cambios impulsados a lo largo de las décadas recientes, y abordaron, con lujo de anécdotas personales, cómo han vivido y promovido la larga transición política, tanto en el poder Legislativo como el Ejecutivo.

Coagulación autocrática

Muñoz Ledo indicó que “no hay una sola transición política en el mundo que no haya sido realizada por una reforma constitucional… menos la de México. Aquí hubo más bien una coagulación autocrática en lugar de una reforma”. Las transiciones políticas, dijo, se llevan a cabo mediante una revolución o una negociación. En este contexto afirmó que la oposición no puede tomar crédito por la primera reforma electoral después de 1988, sino que “los autores indirectos son los que vivían en la selva de Chiapas, Marcos, en 1994”. Cuenta que 12 días después del levantamiento, nos habló el gobierno y acordó con nosotros una reforma electoral de emergencia.

En la reforma siguiente, otra vez no fuimos nosotros, sino nuestro problemita con Wall Street en 1995, lo que llevó a que Ernesto Zedillo, aun antes de asumir la presidencia, convocara a Muñoz Ledo y a otros para promover una reforma política, contó. Y con las expectativas que despertó Vicente Fox, faltó la decisión política de ese presidente y todo terminó en la simulación.

Resumió todos estos intentos de reforma afirmando que la transición abortó en un conjunto de ideas que vienen del pasado y, por tanto, no hay otro remedio más que una asamblea constituyente ante una crisis que se manifiesta ahora en un Estado fallido.

El Estado está funcionando, respondió Creel. No creo que estemos en un Estado fallido, y dijo que las instituciones continúan trabajando –Legislativo, Judicial, el Ejército, entre otros. Más bien, afirmó, hay una fragmentación en las funciones de seguridad pública. Por otro lado, recordó que las reformas, tanto en materia electoral como en otras, se han impulsado, lo cual comprueba que sigue en funciones el Estado. Recordó que se enfrentan problemas muy serios, sobre todo el de los monopolios, y en particular en el ámbito de los medios masivos.

Choque contra la pared

Al Stepan, profesor y ex decano de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, rechazó que México pueda ser calificado como Estado fallido, y advirtió que hablar de ello es “un discurso preocupante… porque si algunas elites empiezan a creerlo podrían comenzar a ceder partes del poder” y en otros casos eso ha implicado otorgarle ese poder a los militares.

Para John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y organizador de este foro, los pilares de las reformas electorales de México (el IFE, el Trife, y regulaciones de la competencia electoral) chocaron contra una pared en las elecciones de 2006, ya que no estaban preparadas para una elección tan cerrada. Eso no sólo generó una crisis en la interpretación de la legislación electoral, sino también hubo un ataque directo de las elites económicas y políticas contra el candidato de la izquierda. Pero fue justo la resistencia de Andrés Manuel López Obrador –en contraste con Al Gore ante el fraude en Estados Unidos en 2000–, al no aceptar los resultados, lo que obligó a la más reciente reforma electoral en México.

Su acción, esté uno de acuerdo o no políticamente con ella, resultó en elevar el costo para cualquier fraude en el futuro, afirmó Ackerman, también colaborador de La Jornada. Al crear una crisis constitucional, reiteró, logró obligar que se impulsara la ola más reciente de reformas electorales, en 2007 y 2008.

El foro, donde se abarcó desde elogios a los avances en materia electoral hasta un cuestionamiento sobre si tales reformas aún no logran consolidar la llamada transición democrática de México, fue realizado en el Instituto de Estudios de América Latina (ILAS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Columbia, y organizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Participaron entre otros, además de Muñoz Ledo y Creel, destacados expertos académicos de México y Estados Unidos, incluyendo el distinguido profesor especialista en América Latina de Columbia Douglas Chalmers; Heather Gerken, quien fue asesora de la campaña electoral de Barack Obama; Thomas Trebat e Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Una estudiante mexicana pregunto al final: ¿Y los ciudadanos, dónde participamos en todo esto?. Ninguno de los expertos le respondió.