Organismos defensores de derechos humanos consideraron que la reciente defensa del fuero militar que emprendió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, es preocupante porque denota que el Ejecutivo federal no desea limitar el poder que ha asumido el Ejército a raíz de su participación en operativos de seguridad pública, lo que ha provocado innumerables violaciones a las garantías de la ciudadanía.

Subrayaron que las afirmaciones de Galván, en el sentido de que el fuero de guerra no es cobijo de impunidad ni encubrimiento, no pueden ser creíbles, pues los hechos, históricos y recientes, demuestran lo contrario, ya que la mayoría de casos en que elementos castrenses que han violado derechos humanos de la ciudadanía la impunidad continúa.

Coincidieron en que la protección del fuero militar violenta y contradice la normativa internacional sobre derechos humanos –que México está obligado a cumplir– y las propias recomendaciones que apenas la semana pasada emitió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en torno a revisar ese privilegio para los militares.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, señaló que las declaraciones del titular de la Sedena demuestran que la administración de Felipe Calderón no tiene una estrategia clara para erradicar el crimen organizado, pues ésta se basa en la confrontación bajo un discurso bélico que ha incrementado las violaciones a derechos humanos.

Agregó que el gobierno federal ha sido omiso en crear un nuevo impulso para dar fuerza a las instituciones civiles de seguridad pública, que son las que deben combatir el narcotráfico.

El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Édgar Cortez, indicó que el discurso de Galván refleja el deseo de la administración calderonista de incrementar la fuerza, actuación, poder e influencia del Ejército no sólo en labores de seguridad, sino en el control del país.

Argumentó que esto es muy preocupante, pues se coloca a las fuerzas castrenses por encima de derechos humanos y el estado de derecho, lo que es contrario a una democracia en la que las fuerzas armadas deben sujetarse al poder civil.