ebido a los riesgos de una posible contaminación con variedades de maíz biorreactor –no comestible– de las cadenas alimenticias es inaplazable que el gobierno mexicano establezca una verdadera política pública de bioseguridad, que impida la entrada de este tipo de maíces a nuestro país.

A la par deben implementarse estrategias para la protección, promoción y el mejoramiento de los maíces nativos (llamados comúnmente criollos). El mejoramiento de nuestros maíces deberá contemplar el apoyo económico a los generadores de la riqueza, que son los indígenas y campesinos mexicanos, así como a los agrónomos y científicos independientes que puedan utilizar sus conocimientos para impulsar el mejoramiento asistido con técnicas y métodos científicos contemporáneos (biología molecular y métodos bioinformáticos).

En lugar de promover o permitir la entrada al campo mexicano (posiblemente a gran escala) de diferentes variedades ya obsoletas de maíz transgénico, es prioritario investigar cuáles son las vías de entrada ilegal de transgenes a los maíces nativos e híbridos actuales, y revertir la contaminación en los casos reportados.

Por el momento, sabemos, gracias a estudios realizados por diferentes investigadores mexicanos y extranjeros, que existen zonas en México donde se ha detectado la presencia de transgenes en variedades nativas de maíz. El primer reporte de dicho fenómeno, documentado en la sierra norte de Oaxaca, se publicó en 2001, mientras en 2007 se dio cuenta de la presencia de transgenes en maíces sembrados en el suelo de conservación de la ciudad de México; en 2008 se publicó otro estudio que demostró la presencia de transgenes en zonas de la sierra norte de Oaxaca en 2001 y 2004, en tanto que, también a finales de 2008, la Sagarpa reportó la presencia de maíces transgénicos sembrados en Chihuahua.

Aunque los estudios científicos han sido pocos –consecuencia de la falta de apoyo a estas investigaciones–, organizaciones sociales y ambientalistas, así como diferentes instancias de gobierno, han realizado varios análisis más, cuyos resultados no son todos públicos. A pesar de la falta de transparencia, los datos disponibles apuntan a que la presencia de transgenes en maíces nativos está contenida en pocos sitios y puede ser reversible.

Para poder impedir que los maíces criollos sigan contaminándose es necesario contar con una capacidad e infraestructura técnica que permita llevar a cabo estudios de biomonitoreo para detectar cuáles son las fuentes del maíz transgénico y cancelarlas.

La infraestructura necesaria implica equipo y personal capacitado para realizar las técnicas de laboratorio que comúnmente se utilizan para detectar transgenes, además de establecer los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio especializados y adecuados para la detección de transgenes en maíces nativos y otras especies, algo con lo que aún no contamos.

Es desafortunado y preocupante que, a pesar de que el gobierno ha recibido fondos internacionales considerables (GEF/PNUD) y ha invertido recursos propios para generar la capacidad nacional de biomonitoreo y bioseguridad, ésta aún no existe y no ha producido los resultados deseados.

El único laboratorio nacional certificado para la detección de transgénicos está dentro de la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, que difícilmente podría dar servicio de biomonitoreo a todo el país. Los encargados técnicos de la bioseguridad no han publicado ningún trabajo sobre presencia o fuentes de los transgenes, no han atendido o detectado las fuentes de los casos de contaminación reportados, y tampoco han dado seguimiento y revertido los casos de contaminación reportados. Sobresale el caso de Chihuahua.

El único reporte publicado por los asesores técnicos de bioseguridad en 2005 afirma que no se pudieron detectar transgenes en maíces de Oaxaca en 2002 y en 2003. Pero ahora acaba de verse que ¡sí había presencia en 2001 y en 2004! Aunque el Instituto Nacional de Ecología ha promovido la creación de una Red Nacional de Laboratorios de Biomonitoreo, esto no suple la responsabilidad pública que tiene el gobierno de México de asegurar la bioseguridad nacional.

Se ha perdido tiempo valioso en términos de bioseguridad y monitoreo del maíz en México. Urge implementar una verdadera política pública dotada de capacidades técnicas para garantizar la bioseguridad en el caso particular del maíz y, en general, de la población, y acervos de plantas para las cuales México es centro de origen y diversidad.

Dadas las insuficiencias descritas en este artículo, es el momento de pedir rendición de cuentas de los funcionarios públicos de las diferentes dependencias gubernamentales involucradas en el biomonitoreo y la bioseguridad en torno a los transgénicos (Semarnat, INE, Sagarpa, Conabio, SEP, Conacyt, Cibiogem).

Es también fundamental aprovechar el hecho de que del 23 al 27 de febrero de este año se llevará a cabo en México una reunión dentro del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde el tema a tratar será la responsabilidad y la compensación de los daños producidos por transgénicos, para establecer con rigor las responsabilidades en torno a las contaminaciones ya perpetradas, y las condiciones para evitar que el centro de origen del maíz se siga contaminando, así como para revertir los casos documentados.

Esta reunión es el foro ideal para discutir, en el contexto mexicano, la necesidad de medidas de bioseguridad que sean más y no menos estrictas. En el caso de nuestro país, de acuerdo con los datos de presencia no deseada de transgenes, la única estrategia aceptable es restaurar la moratoria a la siembra de transgénicos de maíz en todo el territorio, así como un mayor y más eficiente biomonitoreo de las miles de toneladas de maíz que importamos de Estados Unidos sin previa certificación para alimento y siembra (híbridos etiquetados como no transgénicos).

A la par, se debería asegurar que todo el maíz que proceda de aquel país fuera sometido a un tratamiento para cancelar la viabilidad y posibilidad de contaminar el maíz mexicano (someterlo a altas temperaturas por cinco horas, por ejemplo). Mientras, el gobierno está en la obligación de promover mecanismos para que los híbridos comerciales de aquel país deban sustituirse por híbridos mexicanos libres de transgénicos.

Dados los peligros de contaminación de nuestra cadena alimenticia por transgenes de maíces biorreactores, no hay razón alguna para postergar las medidas imprescindibles para evitar que esta contaminación se dé y llegue a niveles irreversibles que podrían incluso implicar la cancelación del maíz como planta alimenticia.

* La doctora Álvarez-Buylla es investigadora titular C del Instituto de Ecología, UNAM, donde Alma Piñeyro cursa el doctorado. Ambas pertenecen a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad