ara ser evaluado en el denominado Examen Periódico Universal (EPU), el 10 de febrero México se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este mecanismo consiste en que los países hacen llegar sus preocupaciones respecto de la situación de derechos humanos en un determinado lugar, que comparece para ser cuestionado y recibir recomendaciones. Después de eso la nación examinada debe decidir qué recomendaciones acepta y cuáles no. Debe destacarse que con ello se obliga a cumplir con aquellas que ha aceptado ante la comunidad internacional.
La información que llega a los países que hacen preguntas en una sesión consta de tres partes. Un informe elaborado por el país revisado; una compilación de los informes de diversos órganos y mecanismos de la ONU sobre el país en cuestión, realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y una síntesis de la información que proporcionan la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos, que también realiza la OACNUDH. Más de 100 organizaciones mexicanas realizaron durante meses un arduo trabajo con el propósito de consensuar un documento que reflejara su opinión sobre los derechos humanos en el país.
Luego de elaborarlo se dedicaron a difundir su contenido entre los países que estarían presentes en el EPU. Varios representantes de organizaciones civiles mexicanas lograron acreditarse para asistir a esa sesión en Ginebra. Durante el examen la comunidad internacional cuestionó severamente la situación en México en relación con problemas pendientes en la agenda de derechos humanos. Prueba de ello es que 56 naciones hicieron preguntas y emitieron 93 recomendaciones. Conforme se desarrollaba el examen se pudo percibir que el trabajo de las organizaciones había dado frutos, pues la comunidad internacional formulaba reiteradamente preguntas sobre temas tan vergonzosos como la constitucionalización del arraigo; los asesinatos de mujeres; el abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos; la ineficacia de las fiscalías especiales, como la encargada de investigar los crímenes contra periodistas, y la impunidad por violaciones cometidas por militares, entre otros.
Dos de los temas que se mencionaron transversalmente al abordar estas problemáticas es la urgente necesidad de armonizar el marco normativo nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, así como la impunidad imperante en los casos de violaciones a las garantías individuales. La temática que particularmente mencionaron más de 20 países fue la de discriminación, violencia contra las mujeres, feminicidios, ausencia de legislación efectiva y falta de resultados en la investigación de estos crímenes. La pobreza y la desigualdad económica en México, la necesidad de fortalecer programas de salud y vivienda, la falta de consulta a las comunidades cuando se trata de los llamados megaproyectos de desarrollo, las condiciones de trabajo de los agricultores temporales, la falta de acceso a derechos sociales como la educación y la carencia de diversidad en los medios electrónicos de comunicación fueron otros de los problemas abordados por diversos países de todas las regiones del mundo.
En cuanto a la educación se insistió en dos grupos que fueron objeto de varias recomendaciones más. Por una parte, los migrantes, para quienes se exigió su acceso a derechos y el apego a la normatividad internacional; y, por otro, los derechos de los pueblos indígenas, para quienes se exigió el respeto a sus culturas y tradiciones, la adecuación de la normatividad nacional a estándares internacionales, como el convenio 169 de la OIT, y, de nueva cuenta, el acceso a derechos que se ven negados por prácticas discriminatorias.
Un problema igualmente sensible que no quedó fuera del examen, y al que México tendrá que responder, por haberlo convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, es el de las muertes, agresiones, intimidaciones y los atentados contra periodistas, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos. Para nada es raro que la erradicación de la tortura aparezca de manera señalada entre las recomendaciones de las naciones a México, aunque esta vez aparecieron también otras sobre el uso excesivo de la fuerza, la justicia transicional, el fuero militar en los casos de violaciones de los derechos humanos contra civiles, y la obligación de tomar medidas para asegurar el derecho a la manifestación y a la integridad de los manifestantes.
Lamentablemente el gobierno mexicano anunció que se reservaba la aceptación de algunas de estas recomendaciones. Salvo la necesidad de saldar la deuda social que existe con la nula resolución de los crímenes del pasado, todas estas recomendaciones tienen que ver con su actual política de seguridad, como serían las de adecuar la definición de delincuencia organizada a la Convención de Palermo, abolir la práctica del arraigo y modificar las leyes para que la justicia civil conozca de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En su próxima comparecencia, México deberá informar sobre las recomendaciones aceptadas, aunque también se ha comprometido a dar razones por las que no aceptaría estas últimas. Sobra decir que no hay razones de peso para rechazarlas.
