a desde 2005 el actuario Carlos Soto había concluido que un trabajador con una vida laboral de 40 años y cotizando en el IMSS cerca de 22 años apenas podría aspirar a una pensión equivalente a 25 por ciento de su último salario al momento del retiro.

¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento. Entre otras garrafales fallas, la ley Zedillo, que privatizó las pensiones del IMSS en diciembre de 1995 e impuso el sistema de ahorro individual, soslayó la precariedad laboral, bajos sueldos, empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna. Los cosmopolitas técnicos del zedillismo no pisaron el México real y, como en todo diseño tecnocrático, se enfebrecieron con su universo virtual: no vincularon adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo, que incluye trabajadores que al ganar poco pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa dignidad en su pensión.

Por ello, remataba Soto, el modelo actual de las Afore, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos: que en el mediano y largo plazos, enfatizaba, están fuera de lo real y posible.

Cerrando 2008, Alejandro Hazas, de la UNAM, y Francisco Morales, de Asesores Actuariales y Asociados, confirmaron el análisis de Soto: el sistema de cuentas individuales de Zedillo, Calderón, Yunes, Molinar Horcasitas (con la complicidad de la dirigencia del SNTSS) y la CFE (con la complicidad de la dirigencia del SUTERM) no garantiza ni 20 por ciento del último salario devengado: cuatro salarios mínimos e incluso considerando las aportaciones del SAR92.

¿Por qué? Según Hazas ello resulta de los supuestos irreales del modelo tecnocrático: movilidad salarial, efecto de las comisiones, tasas de interés y nivel de los rendimientos. Por su parte, Morales estima que las Afore sólo benefician al negocio, pues las comisiones son muy altas, mientras que las autoridades se ponen del lugar del negocio y no del trabajador al argumentar que no hay afectación al ahorro.

El problema son esos supuestos. A lo cual hay que agregar como el corazón del problema la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan. En suma: la modalidad mexicana de la capitalización individual que, a diferencia de otras –como la sueca–, representa un riesgo patente de no proveer siquiera una pensión mínima.

En este contexto de la clara evidencia pública sobre las erróneas decisiones de política adoptadas no sorprende que los intereses de la arena de la política pública, amparados en algunos legisladores, concluyan alegremente que el modelo es viable. Viable ¿para quién?

Dando la espalda a la realidad, pero defendiendo hasta el límite de lo imposible ese uso tecnocrático de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, Carstens todavía se atrevió a sostener en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, organizado por el Congreso de la Unión, que no han sufrido minusvalías y tienen una ganancia.

Sólo faltaba que el priísta Samuel Aguilar –después de introducir al Congreso la reforma calderonista del ISSSTE– tratara fallidamente de concentrar las culpas en el pésimo manejo de la Consar; que el director entrante de la Afore XXI, Tonatiuh Rodríguez, consultado sobre las enésimas reformas Anaya al SAR, se arrogue el derecho de no opinar porque no le gustaría entrar en el tema.

Aunque, claro, uno de los pronunciamientos más descabellados debe ser agregado a la ya larga lista que acumula Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS, quien –después de imponer las cuentas individuales a los trabajadores de nuevo ingreso del IMSS– ahora sugiere la estatización de los fondos para el retiro, como ocurrió en Argentina, porque hasta el momento las únicas beneficiadas han sido las instituciones financieras. Y todo ello mientras anunciaba que su gremio se la jugará con el PRI en los comicios de 2009 pidiendo dos diputaciones plurinominales, al tiempo que seguía amagando con romper con la UNT para ser un sindicato independiente.

Después de que el SME anunció –diciembre de 2008– un Proyecto de Decreto para Estatizar los Fondos de Retiro (iniciativa Pacheco), la diputada priísta Lorenza Martínez interpuso –febrero 2009– una iniciativa para frenar (vía el derecho de acción colectiva) la caída del ahorro y en la que ya se contempla establecer una rentabilidad mínima.

Las reformas tecnocráticas se les escurren a los intereses entre los dedos. Después de la reforma Beltrones al SAR (marzo 2007), siguió la del panista Guillermo Anaya (diciembre 2008) y ahora arriba a tumbos la de la príista Martínez.

Absolutamente ninguna de ellas atiende el fondo del problema técnico: la naturaleza de las cuentas individuales y las garrafales fallas zedillistas del esquema mexicano de capitalización.

Y ello sin siquiera entrar a considerar las minusvalías por turbulencia bursátil –otro supuesto ausente del modelo tecnocrático–, las interrupciones laborales y la forma en que han sido administrados los recursos de los trabajadores desde 1997.

¿Se puede debatir pretendiendo erguir alternativas sin señalar a los responsables del estado actual de cosas? ¿Se puede debatir para evitar corregir de raíz?✎

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco