San Cristóbal de las Casas, Chis. 19 de febrero. El indígena Miguel Gómez Gómez, quien permaneció en prisión seis años y cinco meses, fue liberado el 17 de febrero pasado del penal El Amate, en Cintalapa de Figueroa, luego de que dos jueces del fuero común reconocieron su inocencia.

Gómez Gómez es miembro del grupo zapatista que, junto con la Voz del Amate y la Voz de los Llanos, adherentes de la otra campaña del EZLN, participó en la huelga de hambre que durante 42 días, de febrero a abril de 2008, realizaron cerca de 40 reclusos en tres cárceles chiapanecas, y que llevó a la liberación de la mayoría de ellos.

Permanecen tras las rejas cinco personas más de las que proclamaron su inocencia y demandaron su liberación hace un año. Dos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, El Amate (Alberto Patishtan Gómez y José Pérez Pérez, integrantes de la organización la Voz del Amate), y tres más en el CERSS número 5, de San Cristóbal de Las Casas (Tiburcio Gómez Pérez, Agustín Rodríguez Jiménez y Diego Jiménez, de la Voz de los Llanos).

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) señaló ayer que su absolución evidencia las irregularidades en el proceso penal instaurado contra campesinos e indígenas que son encarcelados por su militancia y participación política en las comunidades de Chiapas.

La sentencia lo absolvió de cuatro acusaciones falsas que derivaron en tres procesos penales por privación arbitraria de la libertad y uno por robo con violencia, este último por un error de homonimia. El veredicto reconoce que se cometieron irregularidades en el proceso legal, delitos prefabricados y deficiencias graves en la integración del expediente, abunda el CDHFBC.

Las acciones de protesta de los presos obligaron a las autoridades estatales a poner la atención en el desahogo de pruebas presentadas durante su proceso. No obstante, el CDHFBC insiste en que son insuficientes estas acciones, y recuerda que es necesaria una revisión de los expedientes penales de todas las personas privadas de su libertad que lo soliciten, dado que se ha evidenciado la alta probabilidad de que muchos estén presos injustamente.

“Es indispensable que abusos cometidos en contra de cualquier ciudadano, como en este caso, sean investigados de manera imparcial, con el fin de determinar el tipo y grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los servidores públicos que intervinieron en el proceso. Esto implica investigar y, en su caso, sancionar desde el jefe de grupo policial y sus agentes que acusan a campesinos e indígenas de ‘secuestradores’ basándose en supuestos ‘testimonios anónimos’”.

Es preciso investigar al Ministerio Público que, a partir de un informe carente de sustento legal, ordena la presentación de los señalados y permite arrancar confesiones mediante tortura, sin garantizar la asistencia de un defensor ni un traductor; al juez que, a pesar de la deficiente declaración ministerial, dicta auto de formal prisión; a los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de aquel entonces por no evitar que estos abusos se cometieran.

En el caso de Gómez Gómez, y los demás liberados anteriormente, añade el CDHFBC, queda pendiente la sanción a los responsables por actos de tortura y privación arbitraria de la libertad, la reparación del daño por el error judicial y el establecimiento de medidas de no repetición.