l financiero estadunidense Allen Stanford, localizado ayer en Virginia por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), podría estar involucrado en operaciones de lavado de dinero a gran escala, de acuerdo con funcionarios de esa dependencia estadunidense, quienes divulgaron que en un momento no determinado autoridades mexicanas hallaron, en uno de los aviones privados del magnate, cheques presuntamente vinculados al cártel del Golfo. Esta es sólo la más reciente de una serie de informaciones que sugieren conexiones mucho más sólidas de lo que hubiera podido sospecharse entre crisis económica, criminalidad organizada y esferas políticas. Pero hay muchas otras, como la críptica declaración formulada por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, en el sentido de que el narcotráfico ya había hecho un Estado dentro del Estado y que el país se salvó de “tener un presidente narco”, o el señalamiento formulado ayer por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU en el sentido de que uno de los obstáculos principales que enfrenta México para combatir el negocio ilícito de las drogas es la corrupción generalizada.

La circunstancia misma de Stanford, quien, de acuerdo con los indicios disponibles, traficaba fondos de diversos países latinoamericanos hacia paraísos fiscales –práctica prohibida por las legislaciones de las naciones correspondientes, la nuestra incluida– y financiaba a políticos estadunidenses con dineros procedentes de no se sabe dónde, ilustra el carácter claramente trasnacional de tales vínculos. La relevancia de esta información reside en que, si bien la lógica elemental indica que existe una conexión entre el sistema financiero legal y el tráfico de drogas –porque las decenas o centenas de miles de millones en utilidades que genera el narco tienen que blanquearse de alguna manera–, las presunciones en torno a la verdadera naturaleza de las actividades de Stanford podrían aportar, si se concretan, una prueba irrebatible en este sentido.

Por lo demás, las conexiones entre la delincuencia y el sistema bancario y financiero internacional de seguro no se limitan al narcotráfico: hace unas horas el banco suizo UBS se vio obligado a sacar del ámbito del secreto bancario los nombres de unos 250 de sus clientes que depositaron un total de 20 mil millones de dólares y quienes resultan sospechosos, ante las autoridades de Estados Unidos, de defraudación fiscal. Significativamente, en octubre pasado UBS recibió 60 mil millones de dólares del rescate bancario emprendido por el gobierno suizo.

La generalidad de los gobernantes de los países ricos han reconocido que uno de los componentes fundamentales del desastre económico que padece el mundo ha sido la falta de vigilancia sobre los excesos especulativos de sus respectivos sectores financieros, y parece inconcebible, pero es real, que esa falta de control persista hasta el momento. En el caso de México resulta difícil entender la actitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se ha negado a intervenir las filiales locales del Stanford Financial Group a pesar de que éstas, al parecer, han suspendido la comunicación con la mayor parte de sus clientes y han congelado de hecho, y en forma unilateral, muchas de las cuentas.

Por otra parte, y ante informaciones –concretamente, las difundidas por Bloomberg– que apuntan a una reciente captación, por parte de Stanford, de clientes mexicanos que buscaban protegerse de la devaluación del peso, cercana a 30 por ciento, resulta obligado preguntarse si ese grupo financiero ha sido uno de los beneficiarios de las subastas de dólares que ha venido realizando el Banco de México para detener la caída de la divisa nacional en su paridad ante el dólar.

Si las posibles conexiones Stanford-narcotráfico-política sugieren que la capacidad de infiltración de la delincuencia organizada es mucho mayor de lo que se admite, el presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Straus-Kahn, echó ayer un cubo de agua helada sobre los optimismos desenfrenados en el terreno económico: el funcionario advirtió que el año en curso será muy malo y que existe la posibilidad concreta de una segunda vuelta de la crisis que agrave aún más el panorama financiero mundial, y condicionó un eventual inicio de la recuperación en enero de 2010 a que se presenten una serie de circunstancias.

Por lo que hace a nuestro país, la lectura de estos datos lleva necesariamente a inquirir sobre los vínculos entre la crisis financiera y la crisis de seguridad, a moderar el afán de fabricar perspectivas halagüeñas y recuperaciones rápidas que no tienen fundamento, y a sondear el abismo que supone la existencia de una relación regular de negocios entre los poderes fácticos no propiamente ilegales y los abiertamente delictivos.