La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Atenco representa un grave retroceso para la justicia en México, pues estamos ante un Poder Judicial que abdicó de su obligación constitucional de sancionar a responsables de los delitos de tortura y violación a los derechos humanos, afirmaron Juan de Dios Hernández y Leonel Rivero Rodríguez, abogados de los pobladores detenidos. Aseguraron que cuando se cierra la puerta de la justicia, se abre la de la rebeldía, que es un derecho inalienable del pueblo.

En un foro convocado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM para analizar el fallo del tribunal, el cual exculpó al gobernador del estado de México, Enrique Peña; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a altos mandos policiacos federales y estatales, por incurrir en graves violaciones a las garantías individuales en el operativo de mayo de 2006, destacaron que la SCJN tejió una red de impunidad que protege a quienes perpetraron delitos de lesa humanidad.

En el acto, al que asistieron Luis Javier Garrido, articulista de esta casa editorial, así como Francisco, Alejandro y Héctor Cerezo Contreras, Hernández enfatizó que con la abdicación de la SCJN de su obligación de sancionar esos delitos, dio la señal a los funcionarios públicos, a todas las policías del país, para que continúen masacrando y lastimando al pueblo.