Mientras legisladores de PRI y PRD calificaron de lentas las respuestas del presidente Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un atento y firme llamado a todas las autoridades para que respeten las garantías y actúen con gran cuidado ante las manifestaciones de encapuchados en los estados de Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, funcionarios del gobierno federal defendieron la actuación de la administración calderonista y aseguraron que las acciones de violencia que promueve la delincuencia son sintomáticas del grado de desesperación a que están llegando estos señores por los operativos en su contra.

En el Senado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que el gobierno federal apoya a los estados que enfrentan las movilizaciones financiadas por la delincuencia organizada, y que las entidades reconocen a las fuerzas armadas como un aliado importante en la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Duarte, exigió al gobierno federal dar golpes certeros para desarticular a la delincuencia organizada. Lamentó que a pesar del incremento de 38 por ciento al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para este año, las respuestas del Ejecutivo son muy lentas, y reprochó que Calderón no utilice los instrumentos que le da la Ley General de Seguridad Pública.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el también priísta Manlio Fabio Beltrones, afirmó que la mano firme del gobierno debe seguir actuando sin consideración alguna contra la delincuencia, y en esta tarea el Poder Ejecutivo –federal y estatales– contarán siempre con el apoyo del Congreso.

En tanto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados analizó la posibilidad de exhortar a Felipe Calderón para que relabore una estrategia integral de combate al crimen organizado. También, diputados de PRI, PRD y Convergencia advirtieron que México se encuentra a un paso de la disolución social por la inexistencia de estrategias específicas que resuelvan el gravísimo problema de la inseguridad y la violencia.

La anterior opinión fue compartida por Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, quien declaró que es urgente parar los signos de ingobernabilidad registrados en diversas regiones del país, donde se han dado casos de ausencia del Estado, principalmente por el uso de gente pobre para crear inestabilidad.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Héctor Larios, corresponsabilizó a los gobernadores de la franja fronteriza norte del país en la lucha contra el narcotráfico, que ahora se manifiesta en expresiones públicas de repudio a las fuerzas federales: Los gobernadores deben actuar con decisión contra los tapados, no puede permitirse que un grupo de muchachos encapuchados limite el libre tránsito de los ciudadanos en la ciudad, se les tiene que fichar y detener, enfatizó.

Asimismo, la premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams, señaló que es reprobable el uso del Ejército Mexicano en el combate al narcotráfico pues, dijo, la violencia sólo generará más violencia, lo que no ayudará a establecer un clima de tranquilidad y armonía en el país.

A su vez, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro, lamentó que a los críticos de las acciones que emprende el gobierno federal en contra del crimen organizado y el narcotráfico ya se les olvidó que el presidente Felipe Calderón advirtió al inicio de su gestión que esta lucha durará largo tiempo, quizá todo el sexenio o más.