La viuda de un minero que falleció en Pasta de Conchos, Coahuila, que tiene que mantener a tres hijos, va a recibir una pensión de 88 pesos diarios. Otra, que tiene uno, obtendrá 60. De ese tamaño es la injusticia en el país, y se debe a que la empresa Industrial Minera México obtuvo un amparo para no pagar lo que corresponde a los deudos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), misteriosamente, perdió el caso.

Dichas cifras aparecen en los laudos en que se consignan los números de pensión que utilizarán los deudos para cobrar.

Ayer, durante el juicio político que llevaron a cabo los familiares de las víctimas, inclusive se entregó copia de un proceso en el cual a una viuda que tiene tres hijos sólo se le reconoció uno, y por tanto tendrá una pensión de, centavos más o menos, 60 pesos. Esa cantidad es la que recibirá Elvira Martínez, una de las viudas que han peleado en todas las instancias nacionales e internacionales por el rescate del cuerpo de su marido y de los otros 62 trabajadores que aún están atrapados en el socavón.

En el juicio político se presentaron todas las pruebas documentales de que el rescate es posible y que las autoridades han actuado en favor de la empresa para que no se lleve a cabo la recuperación de los cadáveres. Inclusive dieron a conocer un documento con el cual supuestamente prueban la manera en que la STPS mandó a hacer un peritaje junto con la compañía.

La dependencia era la encargada de defender a los familiares contra el amparo que interpuso la firma, pero misteriosamente lo perdió. Por ello la compañía pagará las pensiones sobre una base de 110 pesos diarios y no 300, que mínimamente correspondían a los trabajadores. Ahora el Estado, por su incompetencia, tiene que pagar la pensión correspondiente, señaló Jesús González Schmal, quien fungió como juez en este juicio.

¿Cuál ayuda humanitaria? La actitud de la empresa y de la secretaría con los familiares de las víctimas ha sido totalmente inmoral y condenable, señaló la abogada Cristina Auerbach.

Por otra parte, el sindicato minero expresó ayer que Grupo México y la STPS no han hecho nada por los deudos. Sostuvo que el cierre unilateral del socavón fue decretado por la empresa cinco días después de la tragedia, con el fin de que “no se conociera la verdad sobre ese homicidio industrial.

En esa tenebrosa decisión contó siempre con el solapamiento cínico del anterior secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, y del subsecretario Emilio Gómez Vives, pero también de los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, indicó.

En la víspera del tercer aniversario luctuoso de los hechos, el sindicato convocó a una conferencia nacional sobre salud y seguridad de los trabajadores.

El sindicato reiteró su demandas de que se dé una indemnización digna y justa a cada familia afectada, que sea por 1.5 millones de pesos; una casa y becas reales y no ficticias para los hijos de los trabajadores. Asimismo, que se efectúe una investigación seria.