Luego de 11 averiguaciones previas abiertas en contra del jefe delegacional de Cuauhtémoc con licencia, José Luis Muñoz Soria, y del ex director de Desarrollo Social, Agustín Torres, la asociación de vecinos de la colonia Buenavista logró acordar con el procurador general de Justicia capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, una revisión minuciosa de los expedientes sobre presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en su contra.

Tras varios intentos por exponer las irregularidades cometidas en la Fiscalía de Servidores Públicos al responsable de la procuración de justicia en el Distrito Federal, los residentes fueron atendidos el lunes por la noche. Indicaron que el procurador les aseguró que las denuncias serán revisadas y en los casos que amerite serán consignadas.

Los residentes señalaron que no es posible que los sujetos, que tuvieron una gestión bajo sospecha en la delegación Cuauhtémoc, sean propuestos por el PRD para ocupar otro cargo de elección popular, por ello exhortaron a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal realice una auditoría a las arcas de la demarcación.

David Mondragón señaló que se trata de desvío de recursos, abuso de autoridad, extorsión, violación a los derechos humanos, que si la procuraduría no puede atender, turne el expediente al juez penal, quien tendrá que llamar a las personas. El objetivo es que abra un proceso penal, porque no es posible, añadió, que 11 denuncias con número de averiguación no se hayan atendido; en todo caso, dijo: si no se enjuicia a los ex funcionarios por qué no se dijo que eran calumnias.

La asociación, previo a la cita con el procurador, se entrevistó con el coordinador de asesores y el fiscal de delitos de servidores públicos. En ambos casos se habló y analizaron las denuncias penales, que la procuraduría remitió al no ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la delegación Cuauhtémoc.

Pese a ello, dijeron: hoy son precandidatos a diputado y jefe delegacional por el Partido de la Revolución Democrática. Las denuncias tuvieron fundamento jurídico, incluso hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ellos siguen avanzando sin que nadie los detenga.