Tejupilco, Méx., 16 de febrero. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, admitió este lunes, por primera vez, que existe un alto grado de impunidad en cuanto a las violaciones y abusos cometidos en San Salvador Atenco por la policía estatal, toda vez que ha sido prácticamente imposible saber quién las cometió.

El mandatario dijo que, pese a ello, las autoridades correspondientes deben profundizar en sus investigaciones, para determinar de manera clara qué elementos policiacos actuaron al margen de la ley.

De esta forma, Peña Nieto hizo su primera declaración en torno al tema Atenco, tras conocer la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el particular, donde si bien fue exonerado de responsabilidad por los ministros, se evidenció que en los operativos de mayo de 2006 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de los detenidos y de los pobladores de esa comunidad mexiquense.

El gobernador defendió en entrevista colectiva el uso de la fuerza pública en San Salvador Atenco. Reiteró que la intervención de los cuerpos de seguridad en la demarcación fue justificada, pues con ella se buscó restablecer el orden, y acotó que la resolución de la SCJN sobre el caso Atenco deja a salvo esa función que el Estado tiene, para cuando se incumple el orden social.

Enrique Peña acotó que fueron acciones individuales de algunos elementos las que desembocaron en violaciones a las garantías constitucionales, y recalcó que las autoridades correspondientes deben deslindar, con toda claridad, las responsabilidades de aquellos que actuaron al margen de la ley y que hubiesen desencadenado la comisión de algún delito, o alguna falta a alguna garantía individual.

Sostuvo que desde el inicio de su administración atendió los señalamientos sobre abusos cometidos por la policía del estado, por los cuales se siguieron procesos penales, se impusieron penas administrativas y hubo suspensión de elementos.

A la fecha, sólo un policía de los más de 2 mil que participaron en los operativos de Atenco ha sido sentenciado por actos libidinosos; otros 16 fueron exonerados del delito de abuso de autoridad, y cuatro continúan sujetos a proceso por este mismo ilícito. Pese a ello, ninguno ha pisado la cárcel, ya que les imputaron crímenes considerados no graves por el Código Penal mexiquense.

Tomando como base estos datos, se hizo notar a Peña Nieto que existen muchos casos impunes, a lo cual respondió que efectivamente, muchas conductas no han sido sancionadas porque no ha sido posible definir con claridad quién las cometió.

Sí, hay muchos casos que siguen impunes; las investigaciones se han hecho; éstas siguen hasta donde den, pero no puede la autoridad imputar responsabilidades cuando no ha quedado debida y acreditadamente la responsabilidad; en muchos de estos casos ha sido imposible saber quién las cometió, dijo.

De acuerdo con el mandatario, en el caso de Atenco quedaron lecciones que se deben atender, como el normar el uso de las fuerzas de seguridad, como recomendó la SCJN, para evitar que se violen los derechos humanos de los cuidadanos.

Informó que su administración comenzó a elaborar iniciativas tendientes a aprobar protocolos para el uso de la fuerza pública, las cuales en unas semanas más serán puestas a consideración del Congreso local.