San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de febrero. La semana que concluyó, en distintas declaraciones, los gobiernos federal y estatal hicieron público que ahora sí dará inicio la construcción de la anunciada autopista que uniría esta ciudad con Palenque. Durante los años recientes, en torno a intentos oficiales de allanar el proyecto, se han suscitado agresiones de organizaciones oficialistas contra comunidades autónomas zapatistas y de otras organizaciones asentadas a lo largo de la ruta probable, en especial los parajes de atractivo turístico.

Ahora, con cierta cautela, se confirmó el inicio del primer tramo: los ocho kilómetros que van de San Cristóbal de las Casas al cuartel militar de Rancho Nuevo, con una inversión de 200 millones de pesos. Así lo anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Aprovechando una inminente gira del presidente Felipe Calderón al norte de la entidad, el gobernador Juan Sabines Guerrero emitió un segundo pronunciamiento con relación a denuncias recientes de las juntas de buen gobierno (La Jornada, 11 de febrero) en el que manifestó que “no existen nuevos proyectos o ‘megaproyectos’” que atenten contra los pueblos indígenas.

Añadió que el proyecto carretero San Cristóbal-Palenque, si bien es real, está en proceso de ser un plan ejecutivo en el que aún se estudia la viabilidad precisa de su trazo, dado el extremo cuidado en la no afectación de tierras comunales o colectivas, zonas arqueológicas, impactos ecológicos y para evitar la división de las comunidades.

Al día siguiente, de gira por el estado, el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen Richkarday, adelantó que habrá una inversión federal de 3 mil 920 millones de pesos para mejoramiento y ampliación de la red federal en carreteras. Sobre la mencionada autopista, reconoció que se trabaja en coordinación con el gobierno del estado en el proyecto ejecutivo, en los derechos de vía y en lo que corresponde a la parte ambiental.

El secretario estatal de Infraestructura, Ricardo Alberto Serrano Pino, celebró el apoyo del gobierno federal a la construcción de la autopista a partir de este año, y que la SCT será responsable de la licitación para el inicio de los trabajos.

Detalló que los trabajos actuales consisten en el trazo para que se pueda obtener el derecho de la vía de 169 kilómetros, con seis ramales, paradores turísticos, tiendas de artesanías, hoteles, entre otros servicios. De manera aún imprecisa, dijo lo que la vía beneficiará a los municipios de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Huixtán, Oxchuc, Palenque, Salto de Agua y Tumbalá, entre otros. Agregó que el gobierno del estado invertirá este año 4 mil 25 millones de pesos en infraestructura de comunicaciones.

El viernes 13, durante la gira presidencial en el norte de Chiapas, las autoridades reiteraron lo anunciado hace un año: que la autopista va. No obstante, con los detalles llegaron matices que hace un año no eran explícitos. El gobernador Sabines, en el pronunciamiento arriba citado, sostiene: “Dicho proyecto no se asocia a ningún tipo de boom de inversiones, ni mucho menos instrumenta estrategia alguna para el despojo o la adquisición de tierras”.

Reitera que su gobierno ha determinado a la dispersión poblacional como una de las causas de la pobreza, aunque rechaza el proceso de remunicipalización. Es conocido, aunque no lo menciona, su proyecto de ciudades rurales para concentrar a los campesinos dispersos, acelerando la urbanización del agro chiapaneco.

Investigadores y analistas han cuestionado ese proyecto, pues, consideran, deterioraría la estructura tradicional de los pueblos indígenas y aceleraría el abandono de tierras para abrir paso a inversiones turísticas, agroindustriales y mineras, que ya se encuentran en marcha en diversas regiones de Chiapas.

El gobernador negó que existan nuevos proyectos de inversión turística, minera o petrolera que atenten contra los intereses, búsquedas y construcciones de los pueblos indígenas.

Sin mencionar expresamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Sabines concluyó: Mi gobierno mantiene su postura irrenunciable de respeto y valora la decisión de la vía pacífica mediante las juntas de buen gobierno, de su significativo aporte a la política y la democracia.