La Cámara de Diputados aprobará este martes la Ley para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para Fabricación de Armas, que permitirá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ejercer la vigilancia a las empresas que importan sustancias, con objeto de evitar su posible uso con fines terroristas.

La legislación considera la posibilidad de intervenir a empresas que se sospeche puedan desviar sus productos con fines ilegales, mediante un grupo de inspección –en el que participará el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con apoyo de la Policía Federal Preventiva– que también podrá coordinar operaciones de policías extranjeras en territorio nacional.

En el dictamen de la Comisión de Gobernación a la minuta del Senado, que no cuenta con el aval del PRD, se incluye una reforma al Código Penal Federal para tipificar como grave el delito de importación, producción, compra y transferencia ilegal de químicos susceptibles de ser usados para fabricar armas, así como a quienes se opongan a los operativos de revisión a las empresas que se sospeche que trafican con 83 sustancias incluidas en un listado.

En el documento, que será votado mañana en el pleno, se acepta la exposición de motivos del Ejecutivo, que hizo la propuesta en marzo del año pasado, en el sentido de la necesidad de regular y controlar a los particulares que comercian con sustancias químicas, ante el riesgo potencial que representa el hecho de que, mediante diversos sistemas de producción o mezcla, puedan ser aprovechadas determinadas sustancias químicas para obtener productos de uso lícito y pacífico, pero al mismo tiempo puedan ser empleadas para generar armas de destrucción en masa.

Además, en sus consideraciones, la comisión resalta que para el país es importante contar con un instrumento legal para controlar el manejo de sustancias químicas, así como las instalaciones, tecnología y el equipo especializado que se utiliza en esa industria.

“Lo anterior –aduce–, en virtud del acceso que podrían tener grupos terroristas sobre esos productos y, por ende, de la posibilidad de utilizarlos en la fabricación de armas químicas de destrucción en masa, para preparar ataques contra la seguridad de los individuos y de los propios estados.”

Para ello se obligará a las empresas a entregar a Gobernación, que presidirá el órgano denominado Autoridad Nacional, documentos con una explicación detallada de sus actividades industriales y comerciales en sus instalaciones; además, sus domicilios, ubicaciones exactas, planos, descripciones técnicas, diagramas detallados y capacidades de producción de cada una de sus instalaciones y los documentos que los acrediten.

Deberán entregar un inventario detallado del equipo que tengan en posesión o propiedad para producción, elaboración o consumo de las sustancias químicas y precursores, así como el lugar del almacenamiento de éstos.

Gobernación integrará un grupo de inspección nacional y designará a un jefe, el cual coordinará las inspecciones, y solicitará la actuación de la fuerza de seguridad pública para garantizar la seguridad del desarrollo de la diligencia de inspección cuando se sospeche que una empresa trafica ilegalmente con sustancias o precursores.