El ex zar antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR) Noe Ramírez Mandujano, acusado de recibir sobornos mensuales de capos de la droga, quedó sujeto ayer a proceso penal para que sea juzgado por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y delincuencia organizada.

Fuentes jurídicas cercanas al ex funcionario informaron que el juzgado primero de distrito con sede en Nayarit encontró elementos de prueba para procesar a Ramírez Mandujano, quien no tendrá derecho a la libertad provisional por tratarse de delitos graves.

Desde la semana pasada el ex fiscal se encuentra recluido en un penal de mediana seguridad ubicado en Tepic, Nayarit.

Hasta el año pasado Ramírez Mandujano ocupó la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), instancia en la PGR que se encarga de de indagar cuestiones de narcotráfico.

En noviembre, el procurador Eduardo Medina Mora anunció el arraigo de Ramírez Mandujano y de otros seis funcionarios de la PGR por la presunción de haber cometido delitos diversos, y en el caso del ex subprocurador por haber recibido 450 mil dólares del grupo delictivo de los hermanos Beltrán Leyva.

Según las investigaciones de la PGR, a cambio de ese dinero Ramírez Mandujano dio información a la banda de los Beltrán Leyva sobre operativos, investigaciones y acciones encaminadas a detener los actos ilícitos del narcotráfico.

Los abogados de Ramírez Mandujano presentaron al juzgado, como prueba de descargo, documentos de las cuentas bancarias que tenía el ex funcionario al momento de su captura, que señalan un saldo de 5 millones 506 mil 56 pesos en una cuenta de inversión.

Buscan echar abajo información de testigo protegido

Los estados de cuenta, en manos de sus abogados buscan controvertir la acusación de un testigo protegido que le imputa haber recibido 5 millones 950 mil dólares del narcotráfico, equivalente a 87 millones 108 mil pesos. Ramírez Mandujano tenía un salario mensual neto de 134 mil 994 a 138 mil 329 pesos.

El ex funcionario fue arraigado en principio por 40 días, de acuerdo con la ley, para continuar con las indagatorias sobre su presunta complicidad con los Beltrán Leyva; luego un juez federal concedió una prórroga al Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones, y la semana pasada otro juez ordenó su aprehensión.