La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) manifestó ayer, a través de un comunicado de prensa emitido desde Barcelona, que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones de derechos humanos fundamentales, violaciones que paradójicamente han sido ampliamente documentadas por la propia Corte en su investigación.

Destaca la CCIODH que estas conclusiones de la Suprema Corte confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado, como lo hemos venido constatando a lo largo de 10 años de observación de los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de Estado como es el caso de Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco.

En todos esos expedientes, subraya la CCIODH, se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exculpa a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.

El organismo sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cierra de nuevo las aspiraciones legítimas de obtener justicia, como sucedió en su decisión sobre la reforma indígena de 2003.

El fracaso de la administración de justicia en México deja a los denunciantes la justicia internacional como única vía, precisa el organismo.