Mayor cofán en Pisorie. Foto: Kayana Szymczak

La ley y los medios contra los mapuche

Lucía Sepúlveda. Santiago de Chile. En este país se han instalado mecanismos que obedecen a la lógica de la “guerra preventiva”, que divide al mundo en enemigos y amigos. En las filas de los “enemigos”, para el Estado chileno parecen estar los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que denuncian la mercantilización de la educación; los trabajadores que luchan por salario digno y sobre todo, los mapuche que exigen recuperar sus tierras ancestrales.

La expresión legal máxima de esta criminalización de las luchas del pueblo mapuche, es la reanudación de la aplicación de la Ley Antiterrorista de tiempos de Pinochet. Se está utilizando desde el 30 de octubre para enjuiciar a ciudadanos chilenos activistas de la causa mapuche, acusados de lanzar molotov a vehículos policiales, sin heridos ni daños mayores.

Actualmente hay una treintena de presos políticos mapuche. Todos los presos políticos mapuche que cumplen condena, ya sea por Ley Antiterrorista o no, lo hacen por hechos vinculados con las recuperaciones de tierras o la defensa de sus derechos. Por ejemplo, el 20 de enero de 2008 la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada contra Roberto Manquepi Vita, dirigente de la comunidad Trapa Trapa-Butalelbum de la comuna de Bío Bío. El recibió 5 años y un día por “robo con fuerza” pero en realidad, el robo se refiere a su participación en la recuperación de las veranadas para su ganado en su tierra ancestral, el fundo Cochico, usurpado por colonos. Estuvo presente en las luchas territoriales del Valle del Queuco. Ahora permanece en la cárcel de Los Ángeles por ese “crimen” social.

Cada vez que una comunidad se moviliza en defensa de sus derechos, la respuesta del Estado es la represión. El gobierno de Bachelet formuló en abril pasado una política que ha llamado “Re-conocer”: Pero lo que ella escribe con una mano es borrado por su brazo policial. Lo que pasa en territorio mapuche es inimaginable en el resto de Chile, salvo si nos remontamos a tiempos de dictadura: la violencia de los allanamientos, la vigilancia y persecución, los amedrentamientos, el sufrimiento de las familias, los montajes policiales y mediáticos, las salidas clandestinas de Chile para pedir asilo en Mendoza (Argentina) o Suiza, como debieron hacer la pequeña Relmutray Calfunao por la persecución que vive la comunidad Juan Paillalef, y el dirigente Pedro Vivanco Rebolledo, que eludió así la condena a 5 años por participar en recuperaciones de tierras en la zona del Alto Bío Bío.

Criminalizar es también asesinar impunemente a los luchadores sociales, ya que los casos pasan a la justicia militar. Así, continúa la impunidad en los casos de Matías Catrileo, que murió por un impacto de bala de Carabineros en Vilcún, y Johnny Cariqueo, que perdió la vida luego de ser torturado por Carabineros en Pudahuel. Y se alargan eternamente otros juicios que pasan a la justicia militar, como el de Iván Llanquileo, de la comunidad Juana Millahual, preso en la cárcel de El Manzano, Concepción.

La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a los chilenos que —como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada— dan su apoyo a las movilizaciones por tierra. Antes que los detenidos sean llevados a juicio oral, ya han sido condenados por los medios de comunicación.

No se contextualizan las acciones desplegadas por las comunidades y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones. Se habla del “conflicto mapuche” sin nombrar más que a una parte, precisamente para exculpar de la violencia institucional a los otros actores involucrados.

Al aplicar este año la legislación antiterrorista que el discurso bacheletista había dejado de lado, el Fiscal Regional de Temuco, Francisco Ljbetic, se hizo parte de la política esquizofrénica del Estado y la Concertación , que por una parte promulga el Convenio 169, y por otra declara, a través de funcionarios como el ahora renunciado subsecretario del interior Felipe Harboe, que las leyes están “para ser aplicadas”. Recurrir a esta ley en democracia constituye una regresión inaceptable.

El 24 de octubre la Corte de Apelaciones de Temuco a su vez siguió aplicando la ley antiterrorista, al negar la libertad condicional a Patricia Troncoso Robles y los hermanos Marileo Saravia, que ya han cumplido más de la mitad de su condena a diez años y un día. Los beneficios carcelarios de salida dominical de que gozan actualmente sólo los lograron a costa de más de 112 días de huelga de hambre de la activista, recluida en el Centro de Educación y Trabajo de Angol.

Los fiscales especializados en causas contra los mapuche, como Mario Elgueta, no están acostumbrados a perder y tampoco lo está la Agencia Nacional de Inteligencia. Ahora lograron que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara revisar la petición de nulidad del juicio del tribunal oral de Cañete que absolvió al lonko Avelino Meñaco el pasado 3 de noviembre. Este lonko llevaba ocho meses preso, acusado de quemar unas cabañas, cuando en realidad se encontraba fuera de la región.

Los casos de torturas y maltratos denunciados en el último tiempo van en aumento permanente. La Comisión Ética documentó en junio pasado 55 casos de prisión política y maltrato a miembros de comunidades mapuche ocurridos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, a quien se hizo llegar la denuncia. Su silencio al respecto fue ensordecedor. Hemos actualizado este informe, y en diciembre de 2008 llegamos a 69 casos; 34 permanecen en las cárceles de Angol, Victoria, Arauco, Los Ángeles, Lebu, Traiguén y Temuco.

El periódico mapuche Azkintuwe, publicó una versión más amplia de esta información. Sepúlveda pertenece a la Comisión Ética contra la Tortura.