Protegiendo a los migrantes
Al hablar del fenómeno migrante en estas páginas, siempre nos encontramos en la relativamente fácil tarea de señalar y criticar las deficiencias y lo que son francamente maldades de las políticas migratorias de los países del “norte” del mundo, es decir, los países que reciben a los migrantes que buscan una mejor calidad de la vida: la Unión Europea, Estados Unidos, pero también Australia, Costa Rica o Argentina, entre otros territorios que si geográficamente están en el sur del planeta, pertenecen a ese grupo de países receptores que no logran lidiar con el fenómeno migratorio sin represión de por medio.
En raras ocasiones hablamos, al contrario, de los países expulsores de migrantes. Lo hacemos aquí para señalar una interesante propuesta ya puesta en marcha por el gobierno boliviano de Evo Morales.
Un decreto presidencial, fechado el 15 de octubre pasado, dice que el gobierno boliviano pretende ofrecer a sus ciudadanos presentes en España y en Italia todas las facilidades para conseguir los papeles que les permitan alcanzar la residencia legal. Es decir, el gobierno de Bolivia ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de conseguir el pasaporte, el acta de nacimiento, matrimonio y defunción, así como certificado de no inscripción de matrimonio y de antecedentes penales.
En el programa del gobierno de La Paz se especifica que los beneficios de estas medidas alcanzarán también al cónyuge del migrante, a sus hijos menores de edad y a sus padres. Además, dice la ley, estos servicios se extenderán desde las oficinas en los dos países europeos a todos los ciudadanos boliviano presentes en el viejo continente.
En el decreto se añade que el gobierno boliviano, a través de sus representaciones consulares en el Estado español y en Italia, hará todo lo posible por interceptar a los ciudadanos bolivianos para facilitarles los trámites necesarios que les permitan conseguir el objetivo del decreto. Para tal efecto, el decreto promueve la creación de “brigadas móviles” que viajarán desde Bolivia a los países interesados para que formen el personal de los consulados y faciliten los trámites.
El decreto del gobierno de La Paz se emite a partir de algunas consideraciones que marcan la pauta de lo que podría –y quizás debería– hacer el gobierno de un país expulsor de migrantes. Antes que todo, se considera el caso específico, es decir, el hecho de que en los dos países blanco del decreto hay, efectivamente, una presencia importante de ciudadanos bolivianos, misma que se calcula en 550 mil personas. Éste es un hecho real y el gobierno de Evo Morales lo reconoce.
Al mismo tiempo, el decreto reconoce la función esencial de su Secretaría de Relaciones Exteriores: proteger –no solamente con palabras– a sus ciudadanos en el exterior. En este sentido, el decreto retoma cuanto estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el que se lee: “se le da prioridad al programa de protección y atención al boliviano en el exterior”. Se considera además que los bolivianos interesados por el decreto están en su mayoría en una posición de irregularidad e inestabilidad derivada de la falta de papeles de residencia legal. Por esta razón el gobierno considera necesario apoyarlos para que puedan tener la posibilidad de regularizarse “en especial a la luz de Directiva de Retorno de la Unión Europea en Materia Migratoria del 18 de junio de 2008”.
Como decíamos, el decreto boliviano, pasado más o menos desapercibido en el debate público –con excepción de los espacios y organizaciones específicas que se ocupan del fenómeno migratorio–, marca la pauta de un quehacer político que se ocupa realmente de proteger a sus ciudadanos en el exterior. Evidentemente, es distinto emitir un decreto de este estilo en lugar de solamente estar lamentando el maltrato que las autoridades de otros países puedan reservar a los “paisanos”. O, peor aún, lamentar muertes y deportaciones sin al mismo tiempo hacer el esfuerzo concreto para establecer facilitaciones a los ciudadanos en el exterior, víctimas, en el caso específico, de las políticas represivas de otro gobierno.
Una visión distinta, definitivamente. Porque una cosa es señalar y denunciar lo que otro gobierno pueda hacerles a los ciudadanos de tu país. Denunciar maltratos, deportaciones y redadas. Señalar errores y finalmente exigir regularizaciones. Y al mismo tiempo lamentar muros que se elevan a dividir países e historias, y sin embargo firmar acuerdos con esos gobiernos para que los migrantes regresen “voluntariamente”. Medidas y muchas palabras que no cambian nada y dejan, como suele suceder, la “papa caliente” a otro Congreso y a otro gobierno, quizás esperanzados de que nuevos presidentes y nuevos grupos parlamentarios determinen algún beneficio para los conciudadanos.
Otra cosa es moverse, actuar y, con la posibilidad que el puesto de gobierno te otorga, decretar y realizar acciones concretas no únicamente para que tus ciudadanos no se sientan abandonados a su destino –cosa que ya sucede, pues quizás, de no ser así, muchos no se irían a ningún lado–, sino también para que ese destino pueda tener las herramientas para transformarse en algo mejor que el presente.