■ El matadero debió utilizarse sólo 20 años y lleva más de 50; en riesgo, la salud de pobladores
Exigen cerrar rastro en Chiapas; es antihigiénico y obsoleto: regidor
■ Ex administrador culpa a autoridades de San Cristóbal de las Casas del abandono del inmueble
Ampliar la imagen El rastro de San Cristóbal de las Casas fue clausurado en diciembre pasado por la Secretaría de Salud y reabierto una semana después. En el lugar se detectaron al menos siete casos de tuberculosis bovina durante el segundo semestre de 2008 Foto: Moysés Zúñiga Santiago
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 7 de febrero. Construido hace más de 50 años, el rastro municipal de esta ciudad funciona en condiciones de insalubridad pues sus instalaciones y equipo son obsoletos: los roedores transitan sobre el producto que se distribuye en unas cien carnicerías de San Cristóbal y otros municipios de la región. En el segundo semestre del año pasado se detectaron allí siete casos de tuberculosis bovina.
Contraviniendo las normas sanitarias que exigen sean ubicados a cinco kilómetros de distancia de zonas habitacionales, el establecimiento opera a unos 50 metros de algunas oficinas de la jurisdicción sanitaria número 2 y a 80 de Cruz Roja Mexicana, rodeado de cientos de viviendas cuyos moradores padecen los olores pestilentes.
Sobre el piso son sacrificadas más de mil cabezas de ganado al mes (278 mil 250 kilogramos en canal), a veces en medio de heces fecales, sangre y demás desechos de animales que los cubetazos de agua no limpian adecuadamente y ponen en riesgo la salud de los consumidores, además de provocar graves daños al ambiente.
Vecinos afectados por la contaminación han puesto al descubierto anomalías de las que se hizo eco el regidor Carlos Burguete Camacho, quien consideró que el rastro debe ser clausurado porque no garantiza higiene del alimento.
Burguete Camacho dijo que el matadero debió utilizarse sólo 20 años y dijo tener evidencias de que por las noches los roedores “caminan sobre la carne” que se distribuye en establecimientos de la ciudad y de otros municipios de los Altos de Chiapas, con el consecuente riesgo para la salud de los consumidores.
Francisco López Gutiérrez, quien hasta hace unas semanas fungió como administrador del centro de sacrificio, reconoció que las condiciones “no son las mejores” y aunque no negó que haya roedores, “como los hay en las casas particulares de cualquiera de nosotros”, sostuvo que el producto “es higiénicamente aceptable.
Durante una vista al rastro se observó que contrariamente a las normas sanitarias los animales son sacrificados en el suelo, donde les quitan la piel y luego los suben a los rieles.
No obstante, López Gutiérrez –quien es provedor de ganado y encabeza la Unión de Introductores, Matanceros, Tablajeros y Productores de San Cristóbal– rechazó que el producto pudiera contaminarse pues “la carne no toca el piso, es la piel la que hace contacto y luego todo va colgado” en los rieles, aunque reconoció que “el rastro es una galera de matanza y se hace lo más que se puede higiénicamente”.
El administrador del rastro, el veterinario Noé Antonio Flores Cruz, quien está asignado al rastro municipal por el Comité de Fomento y Protección Pecuaria para el control de la carne, reconoció que hasta diciembre ha-bían detectado siete casos de tuberculosis bovina y su antecesor encontró otros 10 o 12.
“La carne de todo animal que sale con tuberculosis se desecha y se le pone creolina porque no tenemos horno incinerador”, comentó. Dijo desconocer que en el rastro se haya sacrificado ganado alimentado con clembuterol (esteroide).
López Gutiérrez culpó a las autoridades municipales del abandono del inmueble y la falta de equipo adecuado para que la faena sea en mejores condiciones. Manifestó que las condiciones de salubridad de la carne “son sólo aceptables” porque el rastro trabaja a un 40 o 50 por ciento de lo que marca la norma sanitaria.
“El rastro ya es obsoleto y debe de construirse uno nuevo porque el actual no reúne los requisitos indispensables de salubridad”, dijo.
Responsabilizó a algunos introductores y a funcionarios del ayuntamiento de pretender cerrar el centro de sacrificio para hacer un convenio con el que está en Tuxtla Gutiérrez –a unos 50 kilómetros–, a pesar de que “sabemos de que existe una partida de 60 millones de pesos para la edificación de uno nuevo”.
La Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, suspendió las actividades del rastro temporalmente el 12 de diciembre, por no contar con las medidas sanitarias que garanticen la higiene de la carne, pero Burguete Camacho insiste en que debe de ser cerrado definitivamente.
El inmueble fue abierto una semana después de haber sido pintado y colocadas rejillas en las ventanas y coladeras del drenaje y arreglos en las corraletas, pero no se ha cumplido con lo fundamental, que es la adquisición de una sierra eléctrica, una hidrolavadora, una pistola sensibilizadora para matar las reses y la colocación de cortinas del tipo hawaiano, todo lo cual cuesta cerca de un millón de pesos.
López Gutiérrez aseguró que si se cierra el rastro, unas 200 familias quedarán sin empleo directa o indirectamente; sugirió que en lugar de hacer un convenio con el centro de sacrificio de la capital del estado, se construya uno nuevo que reúna las normas sanitarias. “Cerrarlo favorecerá el clandestinaje que ya se detectó en la zona norte de la ciudad, donde no hay control de la calidad de la carne que se consume”, indicó.
La Unión de Introductores, Matanceros, Tablajeros y Productores ha entrado en un nuevo conflicto con las autoridades municipales, pues asegura que para hacer los arreglos que permitan la reapertura del rastro invirtió 250 mil pesos que el ayuntamiento se niega a reconocer. “O nos lo concesiona o el cabildo se hace responsable de cumplir los demás puntos a que nos comprometimos con Salubridad para que funcione al ciento por ciento”, concluyó Francisco López.
Pero el regidor Burguete Camacho manifestó que “no existen condiciones para construir un rastro de Tipo de Inspección Federal porque su costo de operación mensual es de 150 mil pesos y se requiere sacrificar 250 reses diarias, cuando la demanda de la región no supera las 60 cabezas al día, además de que no hay terrenos disponibles”.