■ PRI y PRD: el blanquiazul “se cuelga” de los planes oficiales con propósitos electorales
Avala el IFE que los panistas destaquen programas del gobierno en precampañas
■ Según el presidente del instituto, esa promoción no impacta en la equidad de la contienda
La queja promovida por el PRI contra la propaganda del PAN que fue colocada en espectaculares y reivindica los programas del gobierno fue considerada infundada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). La decisión fue unánime en cuanto a los anuncios sobre seguridad, y dividida en lo que se refiere al Seguro Popular, pues en este caso algunos consejeros estimaron que se manipulaban los planes sociales en favor del panismo.
Así, por consenso, los anuncios sobre seguridad pública y guarderías se consideraron legales, “pues no representan ventaja electoral”. Sin embargo, el debate se centró en el que aludía al Seguro Popular, ya que, a juicio de cuatro consejeros, en éste sí se viola la Ley General de Desarrollo Social.
Con el voto del consejero presidente Leonardo Valdés se decantó la votación en favor del PAN, estimándose que tampoco impactaba en la equidad de la contienda ni se manipulaba ningún programa social como denunciaba el PRI. Con ello se rechazó la propuesta de amonestar al blanquiazul y ordenar el retiro del anuncio sobre el Seguro Popular.
En la sesión, el tricolor descalificó la estrategia de Acción Nacional, que consideró ilegal al manipular los programas sociales con evidente intención de obtener rentabilidad electoral. El representante del partido, Carlos Armando Biebrich, dijo que el PAN pretende abiertamente “colgarse” de los proyectos oficiales con propósitos electorales.
El panista Roberto Gil subrayó que las restricciones impuestas a la promoción de los programas sociales son aplicables sólo a las dependencias de gobierno, no a los partidos, los cuales están en su derecho de debatirlos. El IFE no puede prohibir lo que el legislador no estableció expresamente, por lo que no es viable que se impida a los partidos hablar sobre esos temas, agregó.
“Si ocurriera, entonces ninguno podría expresar su apoyo u oposición a una política de gobierno, pues en ese caso estarían también prohibidas las críticas a los programas sociales. Si no se permiten alusiones positivas, tampoco negativas. Si prosperara el criterio, ¿de qué vamos a hablar los partidos? ¿Sobre el horneado de las galletas de Marcelo Ebrard?”
A juicio del perredista Rafael Hernández, en la propaganda panista se manipulan los programas sociales con fines electorales. Criticó asimismo el proceder de los gobiernos estatales priístas, los cuales también echan mano de los planes sociales para obtener beneficios claramente comiciales.
El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina se explayó en los argumentos que exculpan al PAN, justificando que la decisión se tomó en el Consejo General por la generalización de las quejas –el PRI interpuso en 15 distritos– y por la contradicción de criterios que habían adoptado dos juntas distritales para su tratamiento.
Un argumento central fue que los anuncios del blanquiazul forman parte de la actividad permanente de los partidos. Así, no podía considerarse que alterara la equidad en la contienda. De esa forma, la propaganda sobre seguridad, guarderías y Seguro Popular es legal.
El consejero Marco Antonio Gómez Alcántar encabezó el rechazo al anuncio sobre el Seguro Popular –avalando la legalidad del resto–, pues a su consideración viola las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, la cual impone restricciones para evitar la manipulación de los programas del gobierno.
Dijo que, en un momento dado, en el periodo entre las precampañas y las campañas, la publicidad gubernamental sobre los planes que el PAN promociona implicaría una duplicidad en favor de un partido, generando así inequidad comicial.
El consejero Francisco Javier Guerrero secundó la argumentación al establecer que, a diferencia de los anuncios relacionados con la seguridad, en este caso se trataba de un programa de Estado avalado por el Poder Legislativo y aplicado por el Ejecutivo, por lo que ello sí constituye una limitación a los partidos.
Valdés avaló el dictamen y subrayó que el debate no estaba centrado en que hubiera manipulación de los recursos públicos del gobierno en favor de la campaña de algún partido. Consideró que el IFE no puede ir más allá de la aplicación de las disposiciones legales, coincidiendo con Benito Nacif, Arturo Sánchez, Macarita Elizondo y Alfredo Figueroa.
En la noche, el IFE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología firmaron un convenio de colaboración, con el fin de fortalecer e impulsar las actividades de fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación asociadas con la informática y las telecomunicaciones en materia electoral