■ Solicitan que Felipe Calderón les informe sobre los detalles del mecanismo de cooperación
Preocupan a legisladores lagunas en la aplicación de la Iniciativa Mérida
■ Diputado panista exhorta a redoblar la vigilancia sobre las empresas que brindan seguridad privada
A un año de abrirse al escrutinio público el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para instaurar la Iniciativa Mérida, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó a Felipe Calderón provea de toda la información, en manos de su gobierno, en torno a ese mecanismo de combate al narcotráfico.
Por medio de una proposición de urgente y obvia resolución, promovida por el legislador perredista Armando Barreiro, se advierte de las consecuencias negativas del acuerdo para México. Aún se desconoce quiénes serán las autoridades responsables de otorgar la capacitación a los funcionarios mexicanos encargados de operar la nueva infraestructura; cómo se autorizará la portación de armas de agentes estadunidenses en territorio nacional, y cómo operarán los mecanismos permanentes de consulta con organizaciones no gubernamentales.
“Es fundamental que los recursos adicionales que se han gestionado mediante la Iniciativa Mérida generen resultados también adicionales, no solamente en las metas operativas más obvias, como lo es la capacitación de personal y otras similares, sino también exigir del gobierno federal el compromiso de obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que los recursos serían liberados antes de que concluyera la administración del presidente George W. Bush. No obstante, el 7 de enero pasado, el entonces embajador de Estados Unidos en el país, Antonio Garza, señaló que México no recibiría hasta el próximo otoño el equipo con valor de 99 millones de dólares, como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida. Es importante que el Ejecutivo federal informe a esta soberanía con precisión sobre los tiempos y las aplicaciones de los programas contemplados en esta Iniciativa Mérida”.
Con tales argumentos de por medio, la Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo federal a entregar toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida, que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con la que se ejecutarán los acuerdos, así como el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de cooperación.
Por su parte, el diputado panista Fernando Rodríguez propuso adicionar y modificar la Ley Federal de Seguridad Privada, porque la autoridad pública ha permitido, mediante la creciente autorización, la existencia y operación de empresas que se desempeñan sin contar con un protocolo de autorización y adecuadas condiciones de organización, funcionamiento, equipamiento y empleo de la tecnología.
El fenómeno de la apertura de servicios de seguridad privada ha propiciado que numerosas empresas operen como células independientes, aunque formen parte de la misma corporación. De tal manera que, en términos prácticos, evaden cumplir con las autorizaciones de funcionamiento declarando que constituyen empresas separadas cuando operan en entidades federativas distintas, aun cuando en el fondo forman parte de un solo cuerpo de empresa.
“Esta forma de eludir la obligación legal de declarar operaciones cuando incurren en dos o más entidades federativas a cargo de muchas empresas se ha convertido no solamente en un fenómeno recurrente, sino una especie de evasión del cumplimiento de obligaciones que la autoridad ha determinado como insoslayables para la adecuada regulación de los servicios de seguridad privada. El número de estas empresas registrado por la Secretaría de Seguridad Pública asciende a más de 4 mil en todas sus modalidades y cobertura en distintas partes del país, con lo que se ubican desde las empresas que operan en únicamente dos entidades federativas, hasta aquellas que manifiestan actividades en todos los estados y el Distrito Federal.”