Usted está aquí: viernes 16 de enero de 2009 Capital Seguridad pública

Seguridad pública

Onésimo Cepeda deberá declarar sobre fraude

El próximo martes termina el plazo para que el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, envíe a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) su declaración por escrito en torno a la acusación que realizó en su contra la sociedad mercantil Arthinia Internacional y en la que se asegura que el prelado incurrió en el delito de fraude procesal al simular un préstamo de 130 millones de dólares a la extinta Olga Azcárraga Madero con la finalidad de apropiarse de 42 obras de arte. Sin embargo, existe la posibilidad de que Cepeda Silva se apegue al derecho que todo indiciado tiene de reservarse y actúe de la misma forma que su presunto cómplice, Jaime Matute Labrador, quien en noviembre se comprometió ante las autoridades ministeriales a entregar su declaración por escrito en un lapso “no mayor a los 10 días” y a la fecha no la ha hecho. El abogado de Arthinia Internacional, Xavier Olea, aseguró en entrevista telefónica que Rogeiro Azcárraga ya acudió a declarar a la Fiscalía de Procesos en lo Civil de la procuraduría capitalina, donde aseguró que su hermana nunca tuvo problemas económicos y que tampoco ingresaron al peculio de la sociedad mercantil antes referida, ni al de su familiar, los 130 millones de dólares que supuestamente recibió en préstamo por parte del “hombre de la sotana”.

Dialogan Sedena y SSP-DF por policías detenidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) sostiene pláticas formales con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la posible sanción contra la dependencia luego de que policías bancarios industriales armados fueron detenidos fuera de la ciudad de México mientras realizaban un servicio pagado para la custodia de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 6 de enero en Mazatlán, Sinaloa. El titular de la SSP-DF, Manuel Mondragón, dijo que si existe una sanción al respecto, la acatarán, ya que la Sedena planteó la posibilidad de cancelar la licencia colectiva de armas de fuego a la corporación local, pues, de acuerdo con la ley federal en la materia, los elementos adscritos al DF no debían portar sus armas de cargo fuera de esta entidad. Sin embrago, Mondragón aseguró que existen pláticas muy cordiales con la Sedena y que actualmente ya se han reunido las áreas jurídicas y de armamento de ambas dependencias para estudiar el caso. “Si en las reuniones en un momento dado hubiera la necesidad de extrañamiento o sanción, se aplicará, eso es seguro”, aseguró, luego de entregar uniformes a los policías de la corporación.

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.