Cambiarán en Guerrero Ley de Educación
Chilpancingo, Gro., 15 de enero. El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo envió al Congreso local, como parte de su propuesta para la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), un anteproyecto para modificar la Ley de Educación del estado.
Entre otros puntos, el Ejecutivo propone crear el Instituto Estatal de Formación Profesional de la Educación, que aglutinará a las nueve normales públicas, el plantel de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la entidad y el Centro de Actualización del Magisterio (CAM).
El anteproyecto, del cual La Jornada tiene copia, se presentó la semana pasada a puerta cerrada en el puerto de Acapulco y en Chilpancingo a los directores de las escuelas normales, de la UPN y del CAM.
Fuentes del magisterio estatal sostuvieron que el documento ya tiene el aval del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque el dirigente de la sección 14, Emiliano Díaz Román, dijo este jueves que no lo conocía.
Amenazan con rechazarla
El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Jorge García Hernández, manifestó: “Es preocupante que la base magisterial no conozca el anteproyecto. Al igual que la Alianza por la Calidad de la Educación, no pasará si se firma a espaldas de los trabajadores”, concluyó.
El anteproyecto destaca que, para responder a la “modernización” propuesta en la ACE, es necesario integrar un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación en Guerrero y que el instituto estatal asuma funciones de docencia, investigación y difusión pedagógica.
El gobernador propuso que al instituto estatal se integren las nueve normales públicas, las unidades de la UPN y sus sedes en Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Cruz, Grande, Ayutla de los Libres, Ometepec, San Jerónimo, Zihuatanejo, Iguala, Teloloapan y Ciudad Altamirano, así como el CAM y sus sedes en Petatlán, Tlapa e Iguala. El nuevo órgano impartirá cursos de licenciatura, maestría y doctorado en educación; expedirá certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos.
Su estructura estará formada por nueve funcionarios encabezados por un director general, que duraría tres años en el cargo, sería nombrado por el gobernador y seguiría las directrices de un consejo general consultivo.
El anteproyecto destaca que el personal académico de las instituciones será seleccionado mediante concurso de oposición.