■ Exigen al gobierno de Jalisco garantizar derechos de afectados por el embalse El Zapotillo
Colonos paran obras de la presa Picachos; demandan viviendas
Ampliar la imagen
Familias que mantienen un plantón junto a la cortina de la presa Picachos, en Sinaloa, obligaron a la constructora Andrade Gutiérrez a paralizar los trabajos hasta que el gobierno estatal les entregue las viviendas para reubicarse
Foto: Irene Sánchez
Mazatlán, Sin., 13 de enero. Familias de seis poblados de los municipios de Mazatlán y Concordia, que están en plantón desde el 5 de enero junto a la presa Picachos, expulsaron a los trabajadores de la constructora Andrade Gutiérrez e impidieron que éstos volaran un túnel para construir la cortina.
Según el gobierno estatal, esta obra, que forma parte del proyecto Baluarte-Presidio, permitirá aprovechar mejor los ríos Baluarte y Presidio, en el sur del estado.
Los manifestantes exigieron al gobierno de Sinaloa la entrega de 735 viviendas –que debieron estar terminadas en diciembre–, las cuales ocuparán cuando las aguas de la presa inunden los poblados Copales, El Placer, Puerta de San Marcos y San Marcos, en Mazatlán, así como Las Iguanas y Casas Viejas, en Concordia. La interrupción de los trabajos retrasó la entrega de la presa, programada para marzo.
Los inconformes anunciaron que radicalizarán sus protestas si la semana entrante no observan avances en la edificación de sus nuevas casas, en predios aledaños a los que perderán por el llenado de la presa. Adelantaron que una de sus próximas movilizaciones será en Culiacán, donde exigirían al gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, que ordene al Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies) que acelere sus trabajos.
Más de 100 hombres y mujeres, entre ellos el comisario de Las Iguanas, Cándido Lizárraga Patrón, expulsaron a los trabajadores la noche del lunes y se apoderaron de sus herramientas. Los empleados de Andrade Gutiérrez iban a dinamitar un túnel para que las aguas del río Presidio llenaran la presa.
La empresa prefirió detener los trabajos, por temor a que los manifestantes hicieran detonar los explosivos. Asimismo aseguró que no denunciará a los inconformes porque entiende que sólo quieren sus viviendas.
El dirigente del movimiento de los pueblos afectados, Atilano Román, anunció que este miércoles se reuniría con el director general de Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (Fihsin), Enrique Gastelúm, para exigirle que no se exponga la vida de los manifestantes con las detonaciones en el túnel, junto al cual se instaló el plantón de los colonos.
Asimismo, adelantó que continuará con las negociaciones para el pago de las casas que anegará la presa Picachos, pues no se han pagado las parcelas y el gobierno estatal tampoco ha puesto en marcha los proyectos de beneficio social prometidos a los afectados.
Román indicó que si bien el secretario de Desarrollo Social del estado, Pablo Moreno Cota, dijo estar dispuesto a dialogar con los manifestantes, éstos no acordarán nada con ese funcionario, sino directamente con el gobernador Aguilar Padilla.
El director del Fihsin, Enrique Gastélum, afirmó que el Invies deberá entregar las casas a las familias reubicadas a más tardar en mayo, pues de lo contrario se pospondrá la presa y ello incrementará los costos de las viviendas y del embalse.
Con información de Javier Valdez, corresponsal
■ El proyecto debe ser transparente: CEDH
Juan Carlos G. Partida Corresponsal
Guadalajara, Jal., 13 de enero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) solicitó al gobernador Emilio González Márquez y al director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, tomar medidas cautelares para evitar que se violen los derechos humanos de los habitantes de tres poblados que quedarían inundados por de la presa El Zapotillo, proyecto para dotar de agua potable las zonas metropolitanas de León, Guanajuato y Guadalajara, así como a municipios de los Altos de Jalisco.
El proyecto se encuentra en etapa de licitación y el gobierno estatal emprendió una intensa campaña para convencer a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de que vendan sus predios o acepten reubicación. Pobladores y activistas han repudiado reiteradamente la obra, pero según la CEA la compra de propiedades y los acuerdos de reubicación han avanzado.
La CEDHJ pidió publicar una convocatoria para que la sociedad civil aporte puntos de vista y alternativas sobre la viabilidad del alterno.
“Mientras, las autoridades estatales deberán comprometerse a actuar con respeto y no incurrir en actos que puedan ser entendidos como hostigamiento contra pobladores y propietarios de fincas para conseguir su anuencia”, agregó.
Ninguna obra hasta que se presente dictamen ambiental
Asimismo, a fin de garantizar el derecho a la información y la transparencia, la CEDHJ pidió que se dé a conocer de manera detallada la participación de distintos órganos del gobierno estatal en la obra y que en las negociaciones entre gobiernos estatales se ponga “especial interés en expresar el sentir de la población que pudiera resultar afectada”.
El organismo estatal también recomendó que se realicen las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y demás autoridades involucradas para que se suspendan inmediatamente las obras hasta que las empresas involucradas presenten los dictámenes técnicos de impacto ambiental y social, y garanticen el pleno respeto a los derechos humanos.
Por último, la CEDHJ recomienda que se organice una visita de representantes de los diferentes niveles de gobierno, vecinos de las comunidades involucradas y personal de la comisión al sitio donde se pretende construir la presa, a fin de informar de manera amplia, veraz, oportuna y sencilla a los pobladores y al personal de este organismo sobre el proyecto y sus repercusiones.