■ El alto tribunal español indagará el asesinato en 1989 de seis jesuitas y dos mujeres
Se declara competente la Audiencia Nacional para investigar a 14 militares de El Salvador
■ Rechaza querella contra el ex presidente Alfredo Cristiani por el supuesto delito de encubrimiento
Madrid, 13 de enero. La Audiencia Nacional española se declaró hoy competente para investigar a 14 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos mujeres en El Salvador en 1989, pero rechazó la querella referida al entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) por el supuesto delito de encubrimiento en los crímenes, tras una demanda presentada por grupos de derechos humanos en noviembre de 2007.
Organismos de derechos humanos en el país centroamericano saludaron la decisión de la Audiencia Nacional, porque se da “un paso importante” hacia la justicia y en contra de la impunidad.
El 16 de noviembre de 1989, miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinaron en San Salvador a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; al vicerrector Ignacio Martín Baró y a los religiosos Armando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, además del cura salvadoreño Joaquín López y López.
Junto a ellos fueron asesinados la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, que tenía 16 años.
Los militares salvadoreños acusados en la querella son los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Cepeda, además de los coroneles Inocente Orlando, Francisco Elena Fuentes.
La denuncia también incluye a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara, así como los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.
Por el crimen, que conmovió a la comunidad internacional, fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel.
Pero Benavides fue liberado el primero de abril de 1993 tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil.