■ Dará prioridad a los que se efectúen con universidades
El Conacyt reorienta los planes de apoyo a empresas
Ampliar la imagen Juan Carlos Romero Hicks, director del Conacyt, y Luis Mier y Terán, ex rector de la UAM, durante el primer Foro de Innovación para la Competitividad en México, organizado por Nacional Financiera Foto: Carlos Cisneros
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió al gobierno mexicano que, pese a la calidad de universidades y centros de investigación, éstas no son aprovechadas del todo por las empresas para impulsar la innovación científica. Por ello, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció que la prioridad de los nuevos programas de apoyo para las compañías que inviertan en dichos rubros –para 2009 se programaron 2 mil 500 millones de pesos– será vincular ambos sectores.
Sin embargo, el consejo no tiene prioridades en las disciplinas que deberán impulsarse, a pesar de que la organización internacional recomendó apoyar en general la investigación aplicada en áreas en que se alcance masa crítica de excelencia, atendiendo las necesidades socioeconómicas del país.
Al presentar los nuevos proyectos que sustituyen el Programa de Estímulos Fiscales (PEF), en el que se condonaban impuestos a firmas que invertían en ciencia y tecnología pero que beneficiaba principalmente a las grandes, el Conacyt prometió que para 2010, ciento por ciento de los recursos se otorgarán a empresas que propongan proyectos de innovación en conjunto con universidades.
Funcionarios del organismo, encabezado por Juan Carlos Romero Hicks, durante el primer Foro de Innovación para la Competitividad en México, señalaron que mientras en su último año de operación el PEF ejerció 4 mil 500 millones de pesos, los programas actuales sólo contarán con 2 mil 500 millones, aunque a diferencia del primero ahora los fondos se otorgarán de manera directa y al comenzar el proyecto, no un año después. Romero Hicks enfatizó que, aunque la cifra para estímulos es parte de los poco más de 15 mil millones del presupuesto total del Conacyt, el resto de los proyectos no se verán afectados.
Los estímulos se aplicarán de la siguiente manera: 600 millones de pesos para el Programa de innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, que será exclusivo para micro, pequeñas y medianas empresas; 700 millones para el de Desarrollo e innovación en tecnologías precursoras, orientado exclusivamente a compañías que tengan vínculos con universidades o centros de investigación, y mil 200 el de Competitividad de las empresas, para las grandes.
En el estudio Revisión de la política de innovación en México, de la OCDE, en el que se incluyó el PEF, la organización alertó sobre varias problemáticas del programa sustituido, como la concentración de la mayoría de los apoyos en grandes empresas y entidades más desarrolladas económicamente, pues en estados del sur se han realizado pocos trabajos de innovación; poco acceso de las Pymes a los recursos, a pesar de que “éstas son las que más necesidades tecnológicas tienen”; urgencia de incorporar más maestros y doctores a las compañías, y que las decisiones en la materia eran centralizadas por el Conacyt.
“La OCDE decía que hay cierta vinculación (academia-empresa), pero es pequeña; nos señala que nuestras universidades son de las mejores del mundo, que nuestros conocimientos son excelentes, pero que los aprovechamos muy poco”, aseveró Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del Conacyt.
Por su parte, Leopoldo Vilchis, director de Desarrollo Tecnológico del organismo, informó que para la asignación del presupuesto no existen “prioridades o áreas temáticas como tal”, aunque estimó que proyectos que se basen en “tecnologías emergentes”, como biotecnología, nanotecnología y mecatrónica, podrían acceder a una cantidad importante de fondos.
Los estímulos fiscales se comenzarán a aplicar en el primer semestre del año y la evaluación de los proyectos corresponderá a comités que estarán conformados también por investigadores. Éstos tendrán el apoyo de los gobiernos estatales y la dictaminación durará entre 45 y 60 días, después de que la empresa haya presentado su proyecto.
Ríos señaló que el nuevo esquema contempla la descentralización de los recursos, énfasis en aspectos de competitividad y etiquetar fondos por entre 20 y 30 millones para cada entidad del sur del país, con el fin de evitar la inequidad. Asimismo, dijo que se otorgarán becas con el objetivo de impulsar la incorporación de maestros y doctores a los proyectos empresariales.