■ Con engaños transportó droga en 2004
Libertad de indígena depende de la SCJN
■ En el proceso legal violaron sus derechos al no contar con una defensa adecuada
El 11 de agosto de 2004 una mujer tzotzil fue contratada para llevar “un paquete” envuelto en cinta canela de aproximadamente un kilogramo, de Guatemala a México. No sabía que se trataba de droga. El hombre que la contrató nunca le dijo el contenido de la carga, sólo le explicó que en caso de que la detuvieran dijera que iba procedente de “La Mesilla, Guatemala”.
Salió de territorio guatemalteco y en la garita de San Gregorio “Chimac”, Chiapas, los agentes federales la detuvieron al descubrir que llevaba amarrada la carga en su pierna derecha.
La mujer no habla español y al momento de rendir su declaración ministerial no contó con el apoyo de un abogado defensor que tuviera conocimiento de su lengua y cultura.
En el contexto del proceso en su contra la indígena declaró: “no sabía lo que contenían los primeros paquetes que transportó, que sólo vio que estaban envueltos en cinta adhesiva, que no sabe que transportar droga es un delito, que dentro de sus usos y costumbres no está prohibido transportar paquetes.
“Que el señor que la contrató le dijo que eran discos piratas lo que contenía el paquete que transportaba, sin saber a la fecha si transportar discos está prohibido, porque ella se rige por sus usos y costumbres y desconoce la ley del gobierno.”
Era la tercera vez que aceptaba llevar “mercancía” de Guatemala a México. En junio de 2004 una persona que había conocido a principios de año le propuso transportar cosas al país, le pagaría mil pesos por viaje.
La primera vez que pasó un paquete completo le pagaron mil pesos, la segunda fue la mitad de un paquete y obtuvo 500, y como el tercer viaje fracasó “no recibiría ningún pago”.
Ante el Ministerio Público reconoció al tipo que inicialmente la llevó de San Cristóbal hasta la frontera con Guatemala, luego la llevó a un hotel para amarrarle el paquete en la pierna, también el sujeto iba junto a ella al momento de la detención y quien le había dicho que por ningún motivo lo involucrara.
Fue acusada de ser copartícipe de los hechos; sin embargo, el proceso no cumplió con las formalidades establecidas en materia de justicia para indígenas, previstas en la Constitución.
A pesar de que sus derechos fueron violados –porque la ley exige que los indígenas cuenten con un traductor que además de la lengua conozca la cultura y costumbres de los acusados–, le fue dictado auto de formal prisión, pero hasta la fecha no ha sido sentenciada.
Además, dos juzgados de distrito se declararon incompetentes para seguir el asunto, uno por no contar con un traductor que conociera la lengua tzotzil y otro alegó que no le correspondía por no estar en su jurisdicción.
De acuerdo con el expediente, el asunto se prevé que sea resuelto hoy en la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La acusada solicita su libertad “por mi calidad de indígena y porque se han agotado todos los medios legales para proporcionarme un defensor e intérprete que conozca de la lengua y cultura tzotziles”.
El proyecto de dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero propone conceder el amparo para que la acusada obtenga de inmediato su libertad. Sus cuatro compañeros de la primera sala tienen la palabra.