■ Si existiera se haría pública, sostiene la magistrada Carmen Alanís
Ninguna amenaza sobre el TEPJF
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) María del Carmen Alanís sostuvo que ese órgano “no se ve amenazado por nadie y resuelve conforme a derecho los recursos que le llegan”. Aseveró que en su momento, si existieran amenazas sobre el sentido de sus resoluciones, se harían públicas y se presentarían las denuncias penales ante las instancias correspondientes.
Durante una conferencia de prensa donde fue interrogada sobre las posibles presiones del crimen organizado, Alanís aseveró que si bien es cierto “que estamos en un momento de inseguridad difícil en el país, no podemos negarlo, tomamos las medidas necesarias para la reserva de nuestros asuntos y para la discusión en tiempo de los mismos. El tribunal resuelve conforme a derecho y no permite amenazas de nadie”.
En otro orden, dio a conocer que en un análisis comparativo de los recursos interpuestos en los años previos a procesos electorales intermedios, sin duda ha habido un crecimiento importante de las quejas, toda vez que en 2008 se interpusieron 4 mil 70, en tanto que en 2003 se promovieron mil 518. Asimismo, informó que desde la renovación de los integrantes del TEPJF, en noviembre de 2006, se han recibido 7 mil 212 asuntos, de los cuales ya han sido desahogados 7 mil 164, por lo que únicamente quedan pendientes 48.
Al respecto, el magistrado, Salvador Nava aseveró que de los asuntos que fueron presentados en 2008, alrededor de 80 por ciento se relacionó con juicios para la protección de los derechos ciudadanos, en su enorme mayoría relacionada con la vida interna de los partidos políticos. De igual forma destacó que en su mayor parte dichos recursos fueron resueltos en favor de los quejosos.
Interrogada respecto de la aplicación de la reforma electoral, en particular lo relacionado con las disposiciones del artículo 134 constitucional –que regula la publicidad oficial y acota la difusión de imagen de los servidores públicos, entre otros aspectos–, Alanís reconoció la complejidad de la legislación, pero subrayó que los alcances de dicho artículo van mucho más allá del ámbito electoral, alcanzando aspectos administrativos o penales.
Por ello, dijo que la autoridad administrativa electoral sólo puede actuar cuando se encuentre realmente ante una falta en su ámbito, pero independientemente de ello –mencionó a pregunta expresa sobre posibles promociones veladas de mandatarios locales–, dijo que las autoridades electorales y el TEPJF “estamos comprometidos en que en cada uno de los casos que se presenten actuemos de inmediato; la racionalidad de esas normas es inhibir prácticas ilegales que afecten a la equidad de la contienda”.
El tema ha sido ampliamente discutido por los magistrados, quienes en una sesión privada este lunes le dedicaron varias horas. Incluso, Constancio Carrasco reconoció –irónicamente– que a más de uno en el pleno le “quita el sueño”, dadas las interpretaciones y complejidad del tema.
En tanto, eltribunal electoral ya notificó a la Cámara de Diputados la resolución en torno al litigio que mantenía Convergencia para que le fuera asignado un diputado, toda vez que uno de sus legisladores había presentado licencia para ocupar un cargo ejecutivo y su suplente declinó hacerlo por ser actualmente diputado local. El tribunal ordenó a la Cámara tomar protesta a Francisco Melo, siguiente en la lista plurinominal en la próxima sesión de la Comisión Permanente.