Secretaría de la Disfunción Pública
El concurso para encontrar “el trámite más inútil” que culminó la semana pasada es la cereza del pastel de la incapacidad de los gobiernos panistas para elaborar una estrategia integral de combate a la corrupción. Más que fortalecer el principal órgano responsable de limpiar la administración pública federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP), tanto Vicente Fox como Felipe Calderón han dejado esta estratégica institución en manos de políticos sin el menor conocimiento de la materia, quienes han utilizado el puesto como trampolín político.
En 2000, el “gobierno del cambio” nombró a Francisco Barrio, ex-gobernador de Chihuahua, como titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), instancia antecesora de la SFP. El político no destacó en su nuevo trabajo y pronto lo abandonó para colocarse como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Fue entonces relevado en el gabinete por su fiel amigo y ex-secretario de gobierno de Chihuahua, Eduardo Romero, cuya escasez de experiencia en la materia solamente fue superada por su ausencia de carisma y arrojo.
Calderón ha seguido la misma línea de Fox. Su primer titular de la SFP fue Germán Martínez, quien se limitó a utilizar el puesto para promover su candidatura a la presidencia del PAN. Después de una breve gestión de 10 meses sin resultados o iniciativas notables, Martínez fue relevado por Salvador Vega, titular del organismo, quien como otros integrantes del actual gabinete federal se sostiene más por su amistad con el titular del Ejecutivo que por alguna capacidad demostrada en las trincheras del quehacer gubernamental.
Los resultados están a los ojos de todos. México se mantiene entre los países más corruptos, de acuerdo con todos los índices internacionales, como Transparencia Internacional, Global Integrity y el Barómetro de las Américas. Una de las explicaciones de esta falta de efectividad es la impunidad. En una revisión efectuada en 2005, la Auditoría Superior de la Federación descubrió que el gobierno federal logra cobrar apenas 0.03 por ciento de todas las multas impuestas por la SFP, ya que los sancionados casi siempre ganan sus litigios en los tribunales.
Pero la razón principal del fracaso de las estrategias de la SFP durante los últimos ocho años es la falta de voluntad política. Ya en estas páginas, Irma Eréndira Sandoval ha señalado la vacuidad del nuevo Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (La Jornada, 24 de diciembre de 2008). Este presunto “programa”, como los que lo antecedieron, no es más que una cortina de humo. En lugar de implantar estrategias nuevas o promover las reformas necesarias, el gobierno prefiere hacerse de la vista gorda y distraer nuestra atención con “pan y circo”: propaganda, declaraciones y concursos vacíos.
Respecto del concurso del “trámite más inútil”, es de celebrarse que durante los 52 días que duró la convocatoria más de 20 mil personas acudieron a denunciar abusos de la autoridad. Este nivel de participación demuestra tanto el tamaño del problema como la buena voluntad de los ciudadanos que aspiran a participar en la construcción de soluciones.
Sin embargo, en lugar de tomar en serio esta ejemplar muestra de participación ciudadana, el gobierno se limitó a organizar una ruidosa actividad, donde el Presidente entregó cheques a los tres ciudadanos “ganadores” como si se tratase de un concurso de recetas de cocina. Con poca elocuencia, externó su voluntad de transformar la administración pública y prometió “no echar en saco roto” las miles de denuncias recabadas. En ningún momento habló de castigar a los responsables de los actos denunciados ni se comprometió a entregar resultados concretos en materia de combate a la corrupción.
De manera conveniente, en su informe final, los integrantes del jurado del concurso (Federico Reyes Heroles, Leo Zuckerman, Maricarmen Cortés, María del Carmen Pardo y Fuad Juan Zazar) explícitamente deslindan al gobierno de cualquier responsabilidad. “En opinión del jurado, la gravedad de los casos considerados en el ejercicio no pueden ni deben considerarse como patrones generalizados de comportamiento.” En su opinión, el concurso es apenas un “ejercicio ciudadano” que no puede servir como un “diagnóstico” de la realidad.
La limpieza del proceso de selección de los ganadores también está en entredicho. El informe señala que los cinco miembros del jurado dedicaron un total de 108 horas para evaluar las 21 mil 113 denuncias. Esta cifra se desdoblaría en un total de 21 horas de reuniones colectivas entre todos, lo cual implicaría la revisión de un promedio inverosímil de mil denuncias por hora. El informe no resume la metodología utilizada ni las razones para haber seleccionado a los tres casos ganadores. Tal como ha argumentado también en estas páginas Bernardo Bátiz (La Jornada, 10 de enero), todo indica que hubo línea política en el fallo.
Una vez más, la SFP y los gobiernos de la alternancia han ratificado tanto su compromiso con la simulación en el combate a la corrupción como su abierto desprecio a la participación plena de una ciudadanía vigorosa y comprometida.