■ Los ejidatarios recibieron $93 mil por rentar sus predios 19 años
Un espejismo, los supuestos beneficios para pobladores
■ Los que aceptaron reubicación aún carecen de servicios y escrituras
Ampliar la imagen Entrada del municipio de Mazapil, Zacatecas, clasificado por la Secretaría de Desarrollo Social entre los más pobres del país Foto: Alfredo Valadez Rodriguez
Mazapil, Zac., 4 de enero. Este municipio zacatecano de 12 mil kilómetros cuadrados es dos veces más grande que el estado de Aguascalientes, pero su población es de menos de 16 mil personas.
De los nueve municipios zacatecanos clasificados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) como de muy alta marginación, Mazapil ocupa el último lugar.
En 1568 se fundó el Real de Mazapil, con minas de la corona española. Desde entonces estas tierras no han dejado de ser usufructuadas por extranjeros.
A dos años de que inició operaciones la mina Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, una carretera pavimentada desemboca en la cabecera municipal, en medio de casas de adobe carcomido y calles pedregosas y de terracería.
Hasta el templo local está olvidado. La casona del Marqués de Aguayo, Francisco de Urdiñola –quien emprendió desde aquí las campañas para fundar Saltillo y Monterrey– se está desmoronando.
A principios de 2005, cuando se rumoraba que se abriría aquí una de las mayores minas de oro del mundo, los políticos hicieron creer a la gente que llegaría el desarrollo, pero a dos años de que Goldcorp inició la extracción, con miras a obtener más de 13 millones de onzas de oro en 19 años, el progreso sigue siendo es un espejismo, y la miseria, una realidad.
Estanislao Mendoza Torres, viejo representante de la comunidad y ejidatario de Salaverna –donde está la mina Tayahua, de Carlos Slim– recuerda las gestiones de los pobladores ante la firma canadiense para ceder durante 30 años los derechos de sus tierras. Las reuniones fueron auspiciadas por el Registro Agrario Nacional.
“Tuvimos muchas transacciones con la minera y el gobierno estatal –recuerda–. Ellos convencieron a los ejidatarios de Cerro Gordo, Mazapil y Cedros de rentar sus parcelas a 93 mil pesos cada una. Pero muchos ya se gastaron el dinero. No les queda nada.”
Los funcionarios aseguraban que habría “oportunidades de negocios para todos” porque llegarían más de 3 mil trabajadores y se requerirían servicios, evoca don Estanislao. Y los obreros llegaron, pero los servicios más beneficiosos los ofrecen unos cuantos establecimientos extranjeros y de otras partes del país. Por ejemplo, el comedor del campamento principal está en manos de la estadunidense Environmental Support Solutions.
La comunidad de Peñasquito estaba justo encima del codiciado mineral. La empresa ofreció a los ejidatarios trasladarlos a otro asentamiento con viviendas de concreto. Aceptaron dejar sus casas de adobe, con establos y amplios corrales para gallinas, perros y cerdos.
En agosto de 2006 el arquitecto potosino Salvador Calzada les mostró una maqueta con viviendas “tipo Infonavit” que tendrían todos los servicios, además de centro de salud, escuela, tienda y cancha deportiva. Un año después recibieron las casas, pero sin drenaje ni electricidad, y les surten el agua en pipas. Dos años después les instalaron servicio eléctrico, pero falta lo demás, y la minera no les ha dado escrituras.
El cronista Pedro Ascacio, encargado del museo de Mazapil, dijo a La Jornada: “Hay un gran impacto ambiental con la mina, y también cosas contra la juventud y la niñez, por las malas costumbres que traen los trabajadores”.
Conflicto con transportistas
Según Federico Carlos Zamora y Miguel López Sosa, codirigentes de la Federación de Transportistas de Zacatecas, Goldcorp viola los contratos para maniobras de acarreo y favorece a empresas estadunidenses o piratas. “Está metiendo camiones de carga articulados”, de mayor capacidad que los de volteo, refieren.
A principios de 2008 los transportistas locales utilizaban unos 160 camiones y querían duplicar la cifra, pero a la fecha sólo 40 unidades trabajan para la minera canadiense, lo cual les provoca pérdidas de más de 80 millones de pesos.
Además, hay un grupo “de agitadores y golpeadores encabezado por el transportista pirata Ponciano Rivera, coludido con los canadienses y con Gregorio Macías, alcalde priísta de Mazapil”.