Editorial

Banca contra deudores

Ante el notable crecimiento de la cartera vencida de la banca comercial –que en septiembre ascendió a 37 mil 500 millones de pesos en el segmento de crédito al consumo, 49 por ciento más que en el mismo mes de 2007–, las instituciones bancarias que operan en el país han lanzado agresivas campañas en contra de los deudores para presionarlos a suscribir programas de restructuración de sus adeudos a cambio de garantías adicionales, lo que permitiría a los bancos realizar embargos a los poseedores de créditos vencidos.

Debe señalarse, por principio de cuentas, que el incremento en la morosidad no puede ni debe atribuirse a una “cultura del no pago” por parte de los deudores –como han afirmado los voceros de los bancos– sino, principalmente, a una irresponsable proliferación de crédito al consumo propiciada por las instituciones financieras; a la colocación indiscriminada de tarjetas de crédito –se estima que en México hay más de 25 millones de plásticos, prácticamente uno por cada cuatro habitantes– sin los correspondientes estudios previos sobre la capacidad de pago de las personas, y a las tasas de interés leoninas y las altísimas comisiones que tienen que pagar los usuarios de los servicios financieros, mucho más costosas, inclusive, que en los países de origen de los consorcios bancarios que operan en México.

Asimismo, tanto el actual gobierno como sus antecesores tienen una cuota de responsabilidad en la problemática mencionada, pues no han podido o no han querido establecer en el país mecanismos eficientes de regulación bancaria. Son disparatados, en ese sentido, los asertos del titular del Banco de México, Guillermo Ortiz, de que los exorbitantes costos de los servicios financieros deben descender por efecto de una “autorregulación” de las empresas bancarias.

En una circunstancia como la presente, en la que el desempleo avanza, los salarios no suben, persiste una carestía sostenida y no hay mecanismos de bienestar social, lo sorprendente sería que no hubiera una disminución en la capacidad de pago de la gente. Desde esa perspectiva, el intento de los bancos de restructurar las deudas de los usuarios con garantías adicionales da cuenta de una conducta abusiva e insensible de su parte: a fin de cuentas, lo que esas instituciones buscan es solucionar sus propios problemas, garantizar sus ganancias económicas, y mantener, en ese sentido, una actitud depredadora aun en tiempos de crisis.

El estado de indefensión en que se hallan los tarjetahabientes tendría que obligar a las autoridades a salir del pasmo en que se encuentran e implementar medidas que en efecto los ayuden a saldar sus adeudos, no que los condicionen y los sometan aún más a la voracidad de los bancos. Es necesario, también, que se obligue a éstos a promover un manejo más responsable de los servicios financieros, a efecto de prevenir nuevos problemas en el futuro.

Por último, es pertinente mencionar que el aumento sostenido de la cartera vencida conlleva riesgos indeseables. Actualmente, los bancos poseen reservas de cobertura para los créditos vencidos, pero el auge de la morosidad y los problemas de liquidez que esas instituciones enfrentan como consecuencia de la crisis financiera internacional hacen inevitable preguntarse si la situación no pudiera derivar en un nuevo rescate bancario a costa de los contribuyentes. Tal escenario debe evitarse a toda costa.