■ El presidente Uribe no asistió a la primera reunión con líderes de pueblos originarios
Ofrece Bogotá a indígenas cumplir el pacto de restitución de tierras; TLC, innegociable
Bogotá, 22 de noviembre. Representantes del gobierno colombiano y de más de 300 comunidades indígenas del sur del país se reunieron este sábado en la capital, en busca de acuerdos sobre reclamos de tierras y otras exigencias que detonaron desde hace más de un mes una larga jornada de protestas.
La comisión oficialista estuvo encabezada por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, y por el de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quienes en el primer encuentro con los indígenas discutieron principalmente las difíciles condiciones que enfrentan los pueblos afectados por la erupción del volcán Nevado del Huila, el pasado jueves.
Sin embargo, el punto principal de la agenda continúa siendo la entrega de unas 200 mil hectáreas de tierras que pertenecieron a los pueblos indios y que, según el gobierno, están en vías de ser adquiridas, aunque los indígenas señalan que la mayoría de esos terrenos son improductivos.
Además, los inconformes piden que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sea renegociado para tomar en cuenta el punto de vista de las comunidades indígenas y manifiestan su rechazo a diversas leyes agrarias y de minería que, según ellos, podrían afectar el entorno y la supervivencia de sus comunidades.
A la reunión de hoy no asistió el presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien se encuentra en Lima, Perú, para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y tampoco delegados de las embajadas de Suiza, España, Estados Unidos y Suecia, como se había anunciado en un principio.
Antes de comenzar el primer encuentro, Andrés Felipe Arias aseguró que el gobierno cumplirá los acuerdos de restitución de tierras, pero advirtió que “hay cosas que no se transan, como el TLC con Estados Unidos y las leyes aprobadas de desarrollo rural y estatuto minero”.
En otro orden, el coordinador de Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, advirtió que si el gobierno no cambia los términos de su propuesta de ley de reparación a las víctimas del conflicto armado, criticada por diversos organismos de derechos humanos, la situación puede tener consecuencias a escala internacional.
Los críticos de dicha iniciativa señalan que ésta es “discriminatoria”, porque sólo plantea indemnizar a quienes ya han sufrido alguna pérdida, sin considerar a quienes la puedan padecer después, y además exige mayores requisitos administrativos para obtener dicha reparación del daño.