■ Militares aseguraron equipo para investigar presuntos nexos con el crimen organizado
El presidente municipal de Matamoros pide a la Sedena “rearmar” a 620 policías
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Efectivos del Ejército Mexicano revisan las armas de los policías de Matamoros, Tamaulipas, que por segunda vez en el año están bajo investigación por probables vínculos con el crimen organizado
Foto: Julia Le Duc
Matamoros, Tamps., 17 de noviembre. El alcalde este municipio, Erick Silva Santos, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluir la revisión de armas a 620 policías de esta frontera, que por segunda vez en el año están bajo investigación por probables vínculos con el crimen organizado.
“Los tiempos no los pongo yo, los marcan ellos (los militares), y sólo espero que a la mayor brevedad posible se haga la revisión, para que los elementos de Seguridad Publica tengan su equipo completo”, afirmó.
La corporación local que encabeza el abogado Rubén Hiram González Barrera –quien sucedió en el cargo a su padre, el notario público Rubén González Chapa– enfrenta desde el pasado miercóles el escrutinio de los militares, que les retiraron 400 armas y radios de comunicación, además de revisar telefónos celulares y vaciar carteras y vehículos particulares.
Por lo anterior, los policías municipales trabajan sin armamento desde el jueves 13, y en sus recorridos son eventualmente acompañados por efectivos de la procuraduría estatal, ante lo cual, el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Publica opinó que “los policías deben ser rearmados, pues la población se siente intranquila, y los investigados poner de su parte y colaborar sin roces con la autoridad federal”.
Una semana antes de la intervención, los uniformados del primer turno, al mando del comandante Hilario Capistrán, fueron detenidos por seguir a un contingente militar que recorre la ciudad en busca de organizaciones criminales.
De hecho, la madrugada del miércoles 12 los policías Héctor Loera y Neftalí López fueron detenidos por portar armas no amparadas en la licencia colectiva y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, que les fijó una fianza de 40 mil pesos a cada uno.
Sin embargo, José Ives Soberón Tijerina, secretario de Seguridad Pública del estado, dijo que tal irregularidad ameritaba una “investigación mayor”.
El recelo de los militares hacia los policías locales había provocado enfrentamientos menores hasta la mañana del miércoles pasado, cuando por segunda vez en el año los mandos castrenses aseguraron sus armas con el propósito de constatar que sean las reglamentarias y descartar que hayan sido utilizadas en hechos delictivos.