■ Rechazan la oferta de 9% de aumento que ofrece el gobierno
Paro de empleados públicos en Chile; exigen incremento salarial
■ Burócratas y autoridades mantienen contacto para seguir la negociación
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Movilización de empleados públicos en Valparaíso, Chile
Foto: Reuters
Santiago, 17 de noviembre. Unos 400 mil empleados públicos chilenos iniciaron este lunes un paro indefinido de labores en demanda de un aumento salarial de 14.5 por ciento, que alivie la escalada de la inflación en el país sudamericano.
En la segunda movilización de este tipo en una semana, los trabajadores paralizaron los sectores de educación y salud, además de las aduanas, el registro civil, la recolección de basura y otros servicios públicos.
Los burócratas rechazan la oferta de aumento salarial de 9 por ciento formulada esta noche por el gobierno de Michelle Bachelet, y exigen un reajuste de 14.5 por ciento, tomando en cuenta que la inflación ha subido a 9.9 por ciento en los recientes 12 meses, su nivel más alto desde 1994.
A pesar del inicio de la huelga, los contactos entre el gobierno y los inconformes no se han roto. Incluso, el vocero presidencial Francisco Vidal admitió que la movilización es “justa”, y el líder de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, dijo estar dispuesto a negociar, aunque advirtió que el paro de labores continuará.
Ex represor cumplirá condena e prisión domiciliaria
Por otra parte, el general retirado Sergio Arellano Stark, uno de los más conocidos represores de la dictadura militar chilena (1973-1990), no cumplirá en prisión una condena de seis años, por padecer Alzheimer, informaron hoy fuentes judiciales.
Arellano Stark, de 88 años, fue encontrado culpable por el asesinato de cuatro hombres en el contexto de la llamada Caravana de la Muerte, operación en la cual decenas de personas fueron ejecutadas en las primeras semanas de la dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque debió haber sido encarcelado hace 15 días, la defensa del militar alegó que su cliente padecía una enfermedad que le impediría cumplir su condena y lo internó en un hospital geriátrico, por lo que el juez Víctor Montiglio ordenó que el ex represor fuera evaluado por un grupo independiente de médicos para determinar su verdadero estado de salud.
El informe de dichos especialistas concluyó que Arellano presenta un severo deterioro mental y clínico, por lo que cumplirá su pena en la modalidad de prisión domiciliaria.