■ La decisión echa por tierra el dictamen de que se trató de un suicidio simulado
Confirma la PGJDF que ordenó nueva pesquisa sobre la muerte de Digna Ochoa
■ Desacreditados, los exámenes practicados al cadáver de la defensora de derechos humanos
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que desarrolla una nueva investigación sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido, ocurrida hace siete años.
Esta reciente determinación ministerial echó por tierra definitivamente la conclusión a la que llegó en 2003 la entonces fiscal especial de este caso, Margarita Guerra, respecto del supuesto “suicidio simulado” al que habría recurrido la defensora de los derechos humanos, a quien la procuraduría diagnosticó rasgos sicológicos correspondientes a una persona esquizoide.
Además, el resolutivo de la dependencia que hoy encabeza Miguel Ángel Mancera desacredita los exámenes periciales practicados años atrás al cadáver de la abogada por peritos de la PGJDF, cuando su titular era el maestro Bernardo Bátiz Vázquez.
Según consta en documentos ministeriales que posee La Jornada, Mario Corona Caudillo, coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador capitalino, ordenó a Ana Lilia Soria, de la Fiscalía Central de Homicidios, que reabra las pesquisas sobre la muerte de la veracruzana.
La determinación se dio en respuesta a un recurso de inconformidad presentado a finales del año pasado ante la PGJDF por Jesús Ochoa, hermano de Digna, para impugnar un acuerdo ministerial del 12 de noviembre de 2007 que ordenaba archivar el caso.
Aprobación improcedente
El pasado jueves, Manuel Fuentes Muñiz, actual coadyuvante en esta indagatoria y abogado de la familia Ochoa y Plácido, recibió la notificación firmada por Mario Corona, quien concluyó que es improcedente “aprobar la propuesta en que se consulta el no ejercicio de la acción penal”.
Corona Caudillo puntualizó que antes de terminar las pesquisas de este caso se deben estudiar las distintas hipótesis que puedan abundar en “los probables responsables de la muerte de Digna”.
También requirió la intervención de peritos oficiales en criminalística que determinen la posición real entre víctima y victimario, “tomando en consideración el trayecto correcto de la bala en la cabeza de la hoy occisa”.
Precisó además que el presunto delito de homicidio de Digna prescribirá el 25 de abril de 2041.
Asimismo, Corona Caudillo ordenó la comparecencia en la PGJDF de Rogaciano Alva Álvarez, ex alcalde de Petatlán, Guerrero, para que responda a las acusaciones hechas por dos testigos que aseguran que el cacique guerrerense ordenó matar a Digna.
El 6 de mayo pasado, este diario publicó que se iniciaba una investigación ministerial contra Rogaciano por la muerte de la defensora de los derechos humanos, quien perdió la vida el 19 de octubre de 2001 en su despacho jurídico, ubicado en la ciudad de México.
En septiembre de 2007, los campesinos guerrerenses Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres Rosas acudieron a la PGJDF para confirmar lo que el 14 de marzo de ese mismo año Javier dijo a La Jornada Guerrero: que Rogaciano ordenó a sus pistoleros Modesto Acosta, Nicolás Martínez, El Cuarentón, y Daniel Bautista, El Mocho, ejecutar a Digna Ochoa, y que había sido Nicolás el que disparó en la cabeza a la abogada.
El ganadero y cacique de la región de la sierra de Petatlán, Rogaciano Alva, ha sido objeto durante 2008 de dos atentados contra su vida, presuntamente a manos de pistoleros al servicio del crimen organizado.
Por otra parte, el acuerdo del agente ministerial Mario Corona obliga a los médicos especialistas de la procuraduría capitalina a elaborar nuevos estudios al cráneo de Digna, a fin de compararlos con los que durante 2007 efectuaron peritos contratados por el penalista José Antonio Becerril, entonces abogado de la familia Ochoa y Plácido.
Fueron tres dictámenes en criminalística, química y medicina forense los que desarrollaron aquellos peritos privados, quienes llegaron a la hipótesis de que entre las 23 horas del 18 de octubre de 2001 y las primeras horas del día siguiente Digna Ochoa fue golpeada, arrastrada, sometida y asesinada en su despacho. Alguien que actuó con premeditación, alevosía y ventaja fue el responsable.
Ayer, en entrevista con este diario, el abogado Manuel Fuentes informó que como investigadores de la muerte de Diga se han designado funcionarios que no estaban vinculados con quienes en 2003 llegaron a la conclusión del “suicidio simulado”.
Sólo un ayudante
Sin embargo, pidió al procurador Miguel Ángel Mancera que asigne más personal a esta nueva indagatoria, pues la averiguación previa es responsabilidad únicamente de la agente del Ministerio Público Ana Lilia Soria, quien tiene expedientes de otros casos en trámite y sólo cuenta con un ayudante.
“La reapertura de esta investigación implica el estudio de un expediente integrado por 86 tomos, 11 carpetas de distintos juzgados penales y más de 72 tomos que operan como anexos a los mismos... imagínate si dos personas son suficientes para revisar este mar de papeles. ¡Claro que no!”, sostuvo el litigante.