■ Cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados, relacionados con ejecuciones extrajudiciales
Más destituciones militares en Colombia por presentar falsas “bajas de guerra”
■ La procuraduría realiza más de 900 investigaciones que involucran a más de 2 mil uniformados
Ampliar la imagen El presidente colombiano, Álvaro Uribe, captado el pasado día 12 en una ceremonia en una academia militar en Bogotá Foto: Reuters
Ampliar la imagen El general Óscar González, nuevo comandante del ejército tras la renuncia del general Mario Montoya por el escándalo de asesinatos extrajudiciales Foto: Reuters
Bogotá, 16 de noviembre. La ejecución extrajudicial de jóvenes presentados falsamente como “guerrilleros abatidos en combate”, en el norte de Colombia, llevó hoy al Ministerio de Defensa a anunciar más destituciones en las fuerzas militares, que el 4 de noviembre pasado precipitó además la renuncia del comandante del ejército, Mario Montoya.
Por su presunta responsabilidad en la muerte de siete jóvenes, fueron destituidos cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados, que se suman a otros 27 militares destituidos el 29 de octubre por la muerte de 11 hombres que también fueron presentados como irregulares “dados de baja” en una región del noreste.
Los asesinatos que motivaron el retiro de los 13 integrantes de la denominada “fuerza de tarea conjunta de Sucre”, incluido un coronel, sucedieron entre diciembre de 2007 y enero pasado en el municipio de Sahagún, departamento de Córdoba, en el norte del país, informó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sin precisar la fecha de las destituciones.
“Dos casos se presentaron este año”, afirmó el ministro tras participar en un consejo de seguridad el sábado por la noche en el municipio de Lorica, Córdoba, que analizó el deterioro del ambiente en ese departamento por acciones de bandas surgidas tras el desarme de los paramilitares de ultraderecha.
El ministro reveló igualmente que 15 policías de la localidad de San José de Uré, también en Córdoba, fueron relevados por una supuesta alianza con una de esas organizaciones, al servicio de narcotraficantes, en la matanza de cinco ex paramilitares en una discoteca de la población el 9 de noviembre.
Los uniformados, entre ellos un suboficial que comandaba la estación local, fueron separados de sus cargos mientras se les investiga. “Estaban confabulados con las bandas criminales y con narcotraficantes”, aseguró Santos.
La fiscalía colombiana tramitaba a finales de octubre unos 700 casos de homicidios atribuidos a la fuerza pública –sobre mil 137 víctimas–, entre los cuales hay cientos de “falsos positivos”, como se denomina en Colombia los montajes de organismos de seguridad para reclamar éxitos militares.
En reacción a los casos recientes de “falsos positivos”, Estados Unidos anunció hace una semana que no brindará asistencia a tres unidades del ejército implicadas en los crímenes.
Los casos de “falsos positivos” han provocado reclamos de justicia, por lo que el presidente Álvaro Uribe ha pedido que procedan las investigaciones y que los responsables sean castigados.
De manera sorpresiva, después de quedar al descubierto las ejecuciones extrajudiciales, el comandante del ejército hizo pública su renuncia ante Uribe y, aunque no aclaró las razones, la dimisión fue presentada mientras se divulgaban diversas historias sobre los jóvenes asesinados.
Montoya tomó la decisión cinco días después de que Uribe anunció la retirada de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales del ejército, entre ellos tres generales, a raíz de una investigación por la desaparición y muerte de jóvenes de la periferia de Bogotá.
El general, que estuvo al servicio del ejército 39 años, no aludió a los hechos en el mensaje de renuncia, pero exaltó los “momentos de inmensa felicidad y victorias como nunca antes, que hoy hacen de nuestro ejército uno de los mejores del mundo”.
Antes, el 29 de octubre, un total de 27 oficiales y suboficiales del ejército nacional, entre ellos tres generales, fueron separados de las fuerzas armadas como parte de la investigación sobre la muerte de 11 jóvenes.
Una comisión conformada por el Ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales.
Organizaciones de derechos humanos afirman que entre enero de 2007 y junio de 2008 sucedieron 535 ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría General de la Nación ha dado cuenta, a su vez, de la realización de 930 investigaciones que involucran a dos mil 300 elementos de las fuerzas armadas.
La agencia Reuters señaló que según expertos colombianos en temas de seguridad pública, las ejecuciones extrajudiciales podrían estar vinculadas a la presión que tienen los altos mandos de las fuerzas armadas de mejorar los resultados en la lucha contrainsurgente, a partir de los aumentos en el presupuesto militar y el apoyo obtenido de Estados Unidos, vía el Plan Colombia.
En otro orden, un menor de edad y 12 personas desaparecidas dejó este domingo por un alud de tierra que sepultó nueve viviendas de un barrio exclusivo de la ciudad de Medellín, en el noroeste del país.