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Con Ilegalidades, desalojan a Campesinos de San Luis Potosí
Por medio de una “chicanada jurídica” –una violación a la Ley de Amparo– el gobierno de San Luis Potosí desalojó desde agosto a más de 200 familias, en su mayoría de las etnias náhuatl y ténec, de su poblado Cuatlamayán Tancahuit de Santos, en la Huasteca, y con el uso de la fuerza pública les destruyó alrededor de 80 chozas, así como sus plantíos de maíz, frijol, chile y tomate. Estos campesinos ejercen formalmente la posesión de 437 hectáreas a partir de 2000, aunque desde antes muchos de ellos estaban ya allí, viviendo en la sierra. En 2000 promovieron ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la reactivación de un expediente de 1959, que en su tiempo fue solamente archivado, y que busca la instalación del centro de población agrícola Francisco I. Madero. Caciques sin papeles. La intención de los hoy desalojados es garantizar la posesión de las 437 hectáreas, pero además ampliarse, pues en la zona hay 5 mil 500 hectáreas de propiedad federal, si bien es cierto que en la práctica toda esta superficie está apropiada por “varios caciques”.que carecen de papeles para comprobar que son dueños El asesor legal de los campesinos afectados, Víctor Ramírez de Santiago, señaló que desde hace unos siete meses iniciaron un juicio de amparo para proteger su tierra, y lograron una suspensión. Estos actos se hicieron del conocimiento del gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Sin embargo, De los Santos se prestó a una “chicanada jurídica”, pues un particular, Antonio Esper Bujaida –un hombre rico, con ganado equino y cebú, que expone en ferias, y que ha sido presidente municipal en Ciudad Valles– esgrime ser dueño de las tierras y presentó una denuncia para desalojar a los campesinos en el municipio de Tamuín, vecino de Ciudad Valles, y el ministerio público le otorgó la razón, por lo cual la policía del estado llegó el 4 de agosto y desplazó a los campesinos y destruyó sus casas. Eso fue absolutamente violatorio de la Ley de Amparo, pues no se respetó la suspensión del amparo; la denuncia ni siquiera debió haber sido admitida. “Esto es muy grave. En la ciudad de México el gobierno federal (en tiempos de Fox) hizo mucha bulla cuando Andrés Manuel López Obrador violó una suspensión de un juzgado federal, y en el caso nuestro, hay alevosía del gobernador” y además ya el propio juez que otorgó la suspensión, el juez federal quinto de distrito, entró en este juego. Este juez decidió inusitadamente sobreseer la solicitud campesina de amparo, pero, precisó Víctor Ramírez, “esto no ha acabado, pues solicitamos la revisión ante un juez de distrito y creo que nos va a favorecer, porque son terribles las irregularidades que han cometido” contra los campesinos. Dijo que el juez quinto no tuvo por qué haber sobreseído la petición de amparo, pues él mismo había acordado el desahogo de una prueba que nunca hizo y que implicaba la presentación de informes de la SRA. Félix Pablo Hernández, Ricardo Maldonado, Julián Hernández y Crecencio Pérez Martínez, miembros del Frente de Campesinos en Lucha por la Tierra, y afectados por el desalojo están muy molestos porque consideran que Marcelo de los Santos protege los intereses de Esper Bujaida “y de los otros caciques”, pues la tierra donde todos ellos tienen sus ranchos es en realidad de propiedad federal. Los campesinos han investigado, y observan que hace muchos años el gobierno federal expropió una gran superficie para construir una presa, la Pujal Coy, que nunca se concretó –“tan sólo para el vaso de la presa se planearon 32 mil hectáreas, pues iba a ser la más grande del país”– e indemnizó a quienes la poseían. Los campesinos han dialogado con Horacio Lobo, asesor jurídico en materia agraria del gobierno potosino, quien les ha prometido en varias ocasiones restituir lo que perdieron en el desalojo. “Pero no ha cumplido”. Comentan que en el desalojo y destrucción de las chozas se perdieron entre otras cosas despensas que había llevado un día antes la Cruz Roja para enfrentar contingencias por lluvias intensas (LER). |