Usted está aquí: sábado 8 de noviembre de 2008 Capital Declara El Apá ante el juez; teme por su seguridad, pide no ser enviado al reclusorio

■ Rechaza formar parte de cualquier banda de secuestradores; el IMSS lo da de alta

Declara El Apá ante el juez; teme por su seguridad, pide no ser enviado al reclusorio

■ Asegura que el día que levantaron a Fernando Martí se encontraba con su esposa

Agustín Salgado

Sergio Humberto Ortiz Juárez, presunto líder de la banda de La Flor, por fin declaró en torno a las acusaciones que le hace la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). No lo hizo ante la autoridad ministerial, pero sí compareció ante el juez 32 de lo penal, Jesús Ubando López.

Quien fuera integrante de la extinta Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) negó haber participado en los 11 secuestros, cuatro homicidios, dos intentos de asesinato y dos robos agravados por los cuales es procesado judicialmente. También dijo no pertenecer a ninguna banda de secuestrados, por lo que negó el delito de delincuencia organizada.

En su declaración por escrito y la cual ya forma parte de la partida 292/2008, Ortiz Juárez, alias El Apá, solicitó al juez Ubando López que no autorice su traslado al Reclusorio Sur, pues “teme” por su integridad.

Al respecto, cabe recordar que los médicos del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se encuentra hospitalizado ya lo dieron de alta y será una decisión del juez que conoce el expediente si el procesado, quien utiliza un respirador artificial, es ingresado al centro de readaptación.

Ortiz Juárez asegura que el 4 de junio de este año –día en que fue levantado Fernando Martí junto con su chofer Jorge Palma Lemus y su escolta Christian Salmones Flores– dedicó mañana y tarde a convivir con su esposa, que realizó un retiro de un cajero automático y que por la noche acudió al restaurante Play City de Canal de Miramontes.

El Apá dijo que horas antes de que fuera víctima de un intento de homicidio –ocurrido el 22 de agosto en la esquina de Acoxpa y Prolongación División del Norte–, él se reunió con dos personas en un restaurante de comida rápida de la zona de Villa Coapa para tratar el asunto del alquiler de un local comercial.

En desacuerdo con sus hijos, Miguel Ángel y Sergio, que en un principio trataron de relacionar la agresión que sufrió su familiar con una averiguación previa que levantó Ortiz Juárez por un supuesto robo que sufrió al salir de una sucursal bancaria y en la que está implicado Édgar Ayala Martínez, señaló como presuntos responsables a Juan Ramírez de Arellano, con quien mantuvo una relación de negocios, y a Enrique Priego, quien al parecer fungía como abogado del anterior y ahora presta sus servicios en la representación social.

La procuraduría capitalina ya consignó ante un juez penal del Reclusorio Oriente a Ayala Martínez, quien fue sorprendido con el arma utilizada en el intento de homicidio, además de una motocicleta que corresponde con las características descritas por uno de los testigos de la agresión.

Ayala Martínez negó ser el autor material del intento de homicidio y refirió que prestó su motocicleta a un sujeto conocido como El Tío, quien a su vez conocía a El Apá.

Consciente de dicha acusación, Humberto Ortiz Juárez aseguró en su declaración ante el juez 32 no conocer a El Tío, al tiempo que solicitó no dar valor probatorio a las declaraciones de Ayala Martínez.

Formal prisión al ex judicial Hernández Santoyo

Por otra parte el mismo juez dictó auto de formal prisión al ex policía judicial Fernando Hernández Santoyo, con lo cual los siete involucrados en la banda de La Flor ya se encuentran bajo proceso judicial.

Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, refirió: “Para nosotros han sido satisfactorias las resoluciones del Poder Judicial. Siempre hemos dicho que somos muy respetuosos de sus decisiones y nos congratulamos porque coincidimos en las imputaciones y en la apreciación de la valoración probatoria”.

Entrevistado en el contexto de la mesa de diálogo por la transparencia, el abogado refirió que ahora se trabaja “en la posibilidad de que haya más implicados” y sobre el “nivel de vida” de los sujetos sometidos proceso judicial.

 
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