■ Los políticos se oponen a que se indague sobre más de 114 mil desapariciones: familiares
Paraliza la justicia española la apertura de fosas comunes de víctimas de la guerra civil
■ La medida, hasta que se resuelva si Baltasar Garzón es competente para investigar los hechos
Madrid, 7 de noviembre. La Audiencia Nacional española decidió hoy paralizar la apertura de decenas de fosas comunes donde yacen los restos de víctimas de la guerra civil (1936-1939) y el franquismo, hasta que se decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos, medida adoptada en un pleno extraordinario a petición de la fiscalía.
El pleno de la sala de lo penal aceptó con 10 votos en favor y cinco en contra la petición de la fiscalía, de paralizar cautelarmente las diligencias no urgentes ordenadas por Garzón hasta que se decida si el magistrado tiene potestad para investigar los miles de desaparecidos de aquella época.
Además, aceptó el alegato de la fiscalía de considerar que la exhumación de restos de desaparecidos podría causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación”.
Garzón se declaró el 16 de octubre competente para investigar esas desapariciones, bajo el alegato de que son “crímenes contra la humanidad” que no prescriben, y que tampoco estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
En consecuencia, había autorizado la apertura de 19 fosas comunes con restos de las víctimas del dictador Francisco Franco, entre ellas una donde se cree que podría estar enterrado el poeta Federico García Lorca.
La polémica se desató cuando el jueves pasado el juez Santiago Pedraz –que sustituye a Garzón mientras éste permanece de baja por enfermedad– autorizó las exhumaciones en seis lugares más, entre los que figura un columbario del Valle de los Caídos, el mausoleo que Franco se hizo construir cerca de Madrid.
Es una zona donde están enterrados entre 30 mil y 50 mil víctimas de la guerra, en su mayoría nacionalistas (franquistas).
Por el contrario, la fiscalía española sostiene que la citada ley de amnistía sí tiene validez e impide las acciones judiciales por los delitos de la guerra civil y el franquismo (1938-1975).
Desde Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a España la abolición de la ley de amnistía por considerarla en contradicción con los tratados internacionales ratificados por el gobierno de Madrid, y que “no sean aplicables” las limitaciones de causas y denuncias por crímenes contra la humanidad previstas por la justicia española.
En tanto, las asociaciones de familias de víctimas anunciaron que recurrirán la decisión de la justicia española y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) indicó que continuará las exhumaciones, pues desde hace ocho años ya vienen realizando esa práctica de abrir fosas y exhumar los restos de sus parientes al margen de las acciones judiciales.
El presidente de la ARMH, Emilio Silva, desestimó el fallo al considerar que “tiene que ver en parte con la política” al destacar que tanto la fiscalía, que depende del Ministerio de Justicia, como el gobierno se oponen a que Garzón investigue más de 114 mil desapariciones que considera “crímenes contra la humanidad”.
Por otra parte, se informó que la justicia española investiga pagos efectuados a Garzón en conferencias en Estados Unidos, que según una demanda contra él fueron hechos por el banco Santander. La demanda es por “prevaricación y cohecho” presentada por el abogado de un ex accionista minoritario del grupo bancario, que sostiene que tras los pagos Garzón archivó una querella contra Emilio Botín, presidente de Santander.