■ En Guerrero, más de 300 profesores se suman a un plantón
Denuncian casos de corrupción en el sistema educativo de Baja California
En Tijuana, Baja California, el Movimiento Resistencia Magisterial (MRM) denunció ayer casos de corrupción en el Sistema Educativo Estatal (SEE), y advirtió que en la entidad es ilegal el Acuerdo por la Calidad Educativa (ACE), que pretende ponerse en vigor sin la firma de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
Detalló que el documento –signado por el gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán; el secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, y los secretarios generales de las secciones 2 y 37 del SNTE, Arcelia Galarza y Gregorio Carranza– tiene en blanco el espacio donde Gordillo debió asentar su firma, lo que anula el acuerdo, consideró Catalina Heredia, dirigente del MRM; independientemente de que la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, validara los avances del sector en la entidad.
La agrupación, compuesta por profesores federales, indicó que hay corrupción y connivencia entre las secciones sindicales y el SEE, como prueban los asesores técnicos y los espacios que éstos ocupan, en lo que constituyen serios excesos administrativos.
Por ejemplo citó la existencia de dos plazas con 42 horas para Lizzette Márquez Larios, adscrita a la 23 inspección escolar de Mexicali. Afirmaron que el volante del Sistema Integral de Recursos Humanos del Magisterio número 367748 se redactó a las 11:19 horas del pasado 16 de junio, y 20 minutos después “procedió la licencia de un año por asuntos particulares” (número 367749) en ambas plazas: la 0111-95127 y la 95128, que fueron congeladas.
“El trámite exprés se hizo en tal fecha para anticiparse al concurso de oposición de plazas de la ACE; pero lo más grave es que se trata de la esposa de Ariel Figueroa, funcionario de planeación educativa del gobierno de Baja California”, señaló Marco Antonio Pacheco, también dirigente del MRM.
Otro asunto data de hace un año y se cursó ante la contraloría interna del SEE, según la agrupación. Se refiere a 18 maestros de la zona 28 de Tijuana sobre el caso de César Humberto Salgado, quien se ausentó de sus labores para trabajar en un colegio particular de agosto de 2006 a febrero de 2007, y aún así devenga su salario por dos plazas del SEE como adscrito a la supervisión escolar.
Desde 28 de septiembre de 2007 los maestros inconformes acudieron a la Contraloría General del estado para documentar el caso y, aunque ya pasó un año de su denuncia, no hay respuesta. “Pese a que seguimos los cauces institucionales y nos apegamos a la cultura de la legalidad con el valor de señalar actos de corrupción, ¿quién no hace lo que le corresponde?”, se preguntan.
Mayor fuerza
Mientras, Jorge García Hernández, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), dijo en Chilpancingo que se sumaron al movimiento magisterial cientos de profesores y padres de familia de cuatro municipios, que llegaron al plantón instalado desde el primero de septiembre en el palacio de gobierno.
Son más de 300 profesores de Coyuca de Benítez, 70 de Arcelia y 150 de San Luis Acatlán y Marquelia, agregó, tras las reuniones regionales preparatorias de nuevas acciones en rechazo a la alianza educativa.
Reconoció que esta semana será clave en la lucha, pues el profesorado disidente acordó en Morelos continuar el movimiento, “y eso nos obliga a actuar con más consistencia, por lo cual se llevaron a cabo asambleas regionales a fin de fortalecer el paro iniciado aquí en septiembre”.
A su vez, Luis Muñoz Vázquez –quien el fin de semana pasado dejó la dirigencia de la CETEG– advirtió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que la acción magisterial contra la ACE va creciendo de manera sorprendente, como en 1960, cuando las organizaciones sociales y estudiantes de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Guerrero lograron la destitución del entonces gobernador priísta, Raúl Caballero Aburto.