Enfoques e intereses
Este espacio procura seguir una línea de análisis, que comparte con otras voces: una tesis, un argumento, un proyecto, ha de ser evaluado en sus propios méritos, y no vale porque lo haya dicho quien lo haya dicho. Un argumento puede valer, lo haya dicho el señor AMLO, Calderón, o Juan de las Pitas. Podríamos llamar a la posición expuesta un enfoque analítico, frente a quien da o niega la razón según quien emite el juicio de que se trate; deberíamos llamar a este punto de vista un enfoque partidista.
Un enfoque analítico puede equivocarse rotundamente, y quien lo emite tiene que estar dispuesto a aceptarlo. Quien emite juicios partidistas no busca poner en claro un juicio, argumento o proyecto, sino empujar un propósito político, un interés propio, y es bastante más difícil que admita no tener la razón.
A menudo estos enfoques se descalifican entre sí. Se descalifica un juicio diciendo que tiene un propósito político. Los políticos con frecuencia descalifican el enfoque que estoy llamando analítico, diciendo que es “académico”; los profesores se divierten en sus cubículos “arreglando el mundo”, mientras el político está en el “lodo”, arreglándolo. Cuando la vida política está tan erosionada y vive momentos de tanta descalificación por los ciudadanos, esos juicios mutuos se exacerban y las diferencias se viven con un antagonismo atroz. Es el caso, sin embargo, de que en todos los ratings las universidades encabezan las calificaciones de alta legitimidad, y en el sótano se ubica a los políticos. Un asunto cierto, que debe ser explicado (no es el propósito de esta nota).
No estoy de acuerdo con ninguno de estos puntos de vista que se descalifican mutuamente, y me ha tomado tiempo aceptarlo. Pienso hoy que es legítimo emitir juicios por interés político, aunque reivindico la política como el arte de construir acuerdos entre intereses diversos, y que el enfoque analítico, por su parte, tiene el propósito de entender qué pasa. Para este enfoque importa mucho menos la preferencia propia, y mucho más las posiciones predominantes en la sociedad.
Naturalmente, uno y otro enfoques pueden encontrarse felizmente en coincidencia. Si no es así, al político le irrita un señalamiento analítico que lo desnuda, y ve en el analista a un bicho con una postura comodona “que no se compromete con nadie”.
Este largo preámbulo tiene el propósito de señalar el interés político del señor AMLO en su juicio descalificatorio de la llamada reforma energética.
Los ciudadanos medianamente informados sabemos que los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta el más modesto burócrata, sólo pueden llevar a cabo lo expresamente permitido por la ley. Sin que los ciudadanos comunes entendamos por qué AMLO fue recibido por los diputados como un alto dignatario, lo fue, y dijo ahí el impugnador: “es evidente la trampa que hay en reformas legales que ustedes pretenden apoyar. Se busca aplicar contratos de servicios con asignación de bloques con un tiempo de 20 a 25 años y con incentivos económicos especiales, y da la casualidad que en la reforma no hay limitantes”.
La Constitución reformada no autoriza a Pemex a celebrar tales contratos; luego, están prohibidos. Pero a AMLO le resulta “evidente” la “trampa”. ¿Cuál es la trampa evidente?: que no está dicho expresamente que están prohibidos. ¿Necedad?; no, todo parece indicar que fue una buena jugada política de AMLO.
Yo –AMLO y acompañantes– queremos que se escriba la prohibición. ¿Por qué? Porque los gobernantes son unos corruptos que de alguna manera violarán la Constitución (¡hay rendijas!).
Las leyes han sido violadas por los gobernantes de todos los partidos. Eso es cierto. Véase, si no, la forma en que dispuso de los recursos públicos AMLO cuando fue jefe de Gobierno. Nadie le ha sacado su montaña de trapitos al sol; han quedado escondidos, pero AMLO empezó su gobierno tomando amplios recursos de todas las partidas presupuestales –incluidos recursos ajenos– para repartirlos como becas para los ancianos y empezar así a comprar electores. Los recursos ajenos que señalo son los del DIF del Distrito Federal, que son recursos federales, no del Gobierno del DF.
De modo que si Pemex viola la Constitución con contratos de servicios con asignación de bloques –en el marco del gobierno de cualquier signo–, partidos y ciudadanos tendrán que entablar el pleito judicial correspondiente.
AMLO tiene un propósito político –no puedo decir que es “evidente”; sólo es una hipótesis plausible–: busca conservar un arma en las manos con la que continuar golpeando al gobierno de Calderón, como medio de proseguir haciendo acopio de electores; sostenerse hasta 2009, y nuevamente buscar ser un candidato muy legitimado. Hoy parece estar plenamente seguro de que si logra sostener el clima que ha creado en su rededor, aun con el modesto movimiento social que lo acompaña, se alzará con la presidencia, que es su muy legítima obsesión. Veamos: AMLO sabe que en política no se consigue todo lo que se busca, dados los intereses contrapuestos. El FAP consiguió prácticamente todo lo que demandaba, excepción hecha de la prohibición redundante que AMLO reclama. Como PAN y PRI y 82 diputados del PRD dijeron no –no iban a permitir que AMLO capitalizara la reforma energética como su triunfo absoluto–, AMLO garantizó así que le entregaran el arma que necesitaba para continuar su lucha.
Veremos qué logra, porque los otros partidos, incluida la mayor parte del suyo, no están mancos. También están en pie de guerra velando armas.