¿Ganar o perder?: instituciones y movimientos sociales
Se consolidó un nuevo pacto en los recintos del Congreso de la Unión sobre la reforma petrolera, y la soberbia del poder demanda aplauso y acatamiento a las instituciones ante un movimiento en defensa del petróleo que impidió una buena parte de los planes privatizadores impulsados por el calderonismo y aliados. La miopía política ya característica del PRIAN, con sus ocasionales aliados, no logra entender que ellos ocupan el espacio de la legalidad, pero que la legitimidad no es automática respecto de las decisiones que tomen. Por ello exige el aplauso so pena de condenar a quienes se lo niegan a la denostación personalizada de quien encabeza un movimiento conformado por una ciudadanía consciente de sus posturas y de los principios que la orientan.
Sobra señalar la trascendencia del tema de los recursos petroleros en el proyecto de nación que se delineó en 1917. Por ello es histórico el hecho de que , por esta vez, se logró impedir la entrega descarada de ese recurso estratégico al capital privado nacional e internacional. Pero no olvidemos que también han sido “históricas” las contrarreformas salinistas de 1992, que dieron al traste con la propiedad social agraria del artículo 27 constitucional para colocar las tierras en el mercado y dar una supuesta certidumbre jurídica a ejidatarios y comuneros. Basta ver la situación en el campo, el viraje en el discurso oficial para ostentar que el paradigma moderno es “sembrar edificios”.
Resulta importante detenernos en el análisis de las llamadas “prácticas parlamentarias” para observar cómo encubren la definición de intereses fundamentalmente económicos que son los determinantes para cerrar sus discusiones y aprobar dictámenes inamovibles, porque se rompe “el consenso”. Cuando en 2001 pactaron la contrarreforma indígena, actores y cómplices no lo hicieron guiados por su mayor o menor aprecio hacia los pueblos indígenas, sino por la defensa del poder establecido y de los intereses en juego. ¿Qué había detrás de su preocupación por garantizar los llamados derechos de terceros sobre las tierras y omitir los territorios y sólo después de ello darles “preferencia” a los de los pueblos originarios? ¿Qué detrás de su decisión de transferir a los estados la regulación de una autonomía que decían reconocer, cuando sabían que las facultades en los asuntos claves de la demanda indígena son de orden federal? ¿Mucha técnica jurídica?
La reforma consolidada la semana pasada, más que ganadores, tuvo perdedores porque para garantizar en última instancia los intereses privados se obligó a sus personeros en el Congreso a recurrir a las trampas de la ley, como bien señaló Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro; por ello el encono ante la crítica social. Como vimos, todo lo que se proteste fuera o dentro de los recintos parlamentarios no tiene cabida una vez que los señores y señoras legisladoras lograron su “consenso”. Viene al caso contrastar esta experiencia nuevamente con la de 2001, cuando se llegó a decir que la tergiversación de la propuesta indígena se dio porque el subcomandante Marcos no se quedó en el Distrito Federal para protestar en la calle en el momento de los arreglos internos y se regresó a Chiapas con la comandancia zapatista después que ésta dijo su palabra en el recinto del Congreso. Siempre hay supuestas razones para transferir responsabilidades a los actores sociales frente a las decisiones del poder. Estas dinámicas se repiten una y otra vez y nos muestran la verdadera cara de las instituciones que se han alejado de lo que fueron sus principios fundacionales. La autonomía y facultades del Poder Legislativo fueron otorgadas para que se constituyera en garante del proyecto social reflejado en la Constitución. Hoy en día eso se olvida, y la autonomía se usa como un fin en sí mismo para encabezar y procesar el retroceso. No en balde observamos que la única mira que alcanza a los ocupantes de las instituciones es la de reformar sus reglas para seguir reproduciéndose al margen de las dinámicas y exigencias del movimiento social.
Afortunadamente hoy no es 1992, cuando el salinismo logró minimizar y acallar las protestas campesinas por la contrarreforma agraria; por ello el movimiento en defensa del petróleo no escuchó el canto de las sirenas para regodearse en los logros, que los hubo, frente a la embestida privatizadora, y evidenció las “trampas legales” en la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Se busca aplicar contratos de servicios con asignación de bloques con un tiempo de 20 a 25 años y con incentivos económicos especiales, y da la casualidad que en la reforma no hay limitantes”, señaló López Obrador ante diputados, y no se logró que en el artículo 60 de la Ley de Pemex se incluyera una prohibición expresa al respecto. Cuando se defienden principios no hay gradualismo posible; por ello el encono de “las instituciones”.