■ Arqueólogo y funcionarios del INAH presionan a labriegos
Denuncian nuevas maniobras para quitar tierras a zapatistas
San Cristóbal de las Casas, Chis. 3 de noviembre. La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro denunció desde el caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, en La Garrucha, “abusos de los tres niveles del mal gobierno, federal, estatal y municipal”, en predios de San Antonio Toniná y el Carmen Toniná, propiedad de Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, zapatistas del municipio autónomo Francisco Gómez. Dicha tierra colinda con la zona arqueológica de Toniná, en las afueras de Ocosingo.
La JBG investigó en agosto la situación: “Nuestro compañero Alfonso declara que el día 13 de abril hizo un jagüey de ocho metros de largo, cinco de ancho y dos de profundidad en su propiedad, donde su ganado pudiera beber agua”. Después de 15 días personal del arqueólogo Juan Yadeum dijo haber encontrado en el jagüey la escultura de un personaje, “acusando a nuestro compañero de haberla sacado”.
El labriego declara que el jagüey “fue excavado con una máquina retro, y en esos momentos no había ninguna piedra. Era pura tierra acumulada en ese lugar, que de por sí es un pocito natural, y además el operador de la máquina no encontró nada durante el trabajo”.
Otro abuso “fue que sin permiso quitan la puerta de su potrero y ponen un cerco de alambre, clausurando un camino que existe desde hace muchos años para la La Libertad y otras comunidades aledañas”. También retiraron el alambrado “al lado de la ruina para que salgan sus animales, provocar perjuicios y culparlo”.
Alfonso Cruz, el dueño, “ahora no puede sembrar ni un poste de cerco de su potrero, ni para construir su casa, ni letrina, ni tienda, porque según el arqueólogo dos metros abajo ya es propiedad de la nación”.
Pero Yadeum “sí les renta piso a los vendedores que ocupan el estacionamiento, que es propiedad federal, beneficiándose la directora del museo, Julisa Camacho Ramírez; Yadeum Angulo y Emiliano Gallaga Murrieta”, este último delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chiapas, quien recientemente tuvo un momento estelar al provocar indirectamente la masacre de Chinkultic.
Yadeum, desde hace más de 20 años, se comporta como “dueño” del sitio arqueológico (de ahí ha labrado su fama académica). De acuerdo con la JBG, ahora exige al campesino, con amenazas, vender su propiedad al precio que el investigador quiere.
Cruz Espinosa fue citado en Tuxtla Gutiérrez por funcionarios del INAH y amenazado con prisión por “dañar el patrimonio arqueológico”. Le dieron cuatro días para cerrar el jagüey, y le impusieron una multa por 30 mil pesos que tiene que pagar en 12 días. Él pidió pruebas y testigos sobre la acusación, “porque no es lugar pedregoso; preguntó si estaba rota la pieza o sucia, pero no le respondieron. Sólo lo obligaron a firmar una acta para pagar la multa, amenazándolo con ser encarcelado en ese mismo momento”.
Las investigaciones de la JBG demostraron que están despojando al campesino de su tierra. “Los tres niveles de malos gobiernos usan al arqueólogo Yadeum para acusar falsamente a nuestro compañero. Son sus mañas; así como en los desalojos de Montes Azules, pagan a cualquier gente para presionar a las bases de apoyo del EZLN”, ahora por presuntamente dañar una pieza arqueológica.
La JBG declara que el gobierno “fomenta la corrupción y permite que Yadeum maneje el sitio como si fuera de su propiedad, pues ha construido su casa usando materiales de la ruina; tampoco cumple con el cuidado y mantenimiento del sitio arqueológico, y todo ello no se investiga”.
El zapatista lleva años trabajando, tiene las escrituras del terreno, “ahora no puede construir nada en su propiedad, le están privando el derecho a la tierra y lo quieren despojar o expropiar por parte de la INAH”.
La JBG advierte que Cruz Espinosa “no va a pagar esa multa de 30 mil pesos”, y si el gobierno federal libera orden de aprehensión y lo encarcela se responsabiliza directamente a Yadeum, Julisa Camacho Ramírez y a los tres niveles de gobierno. “Sabemos que la guerra no ha terminado, así que mejor dejen en paz al compañero Alfonso. Él va a seguir trabajando en su terreno. Así como dijo el general Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja”, concluye la autoridad autónoma.