Delaciones y pitazos
La estrategia emprendida por el gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada, consistente en la denuncia anónima y recompensas a delatores de capos de la droga y secuestradores, comienza a revertirse y es ya motivo de preocupación hacia el interior de la estructura de la seguridad nacional.
Si bien la captura concatenada de importantes criminales por parte de las fuerzas armadas y de las policías federales –derivadas, en su mayoría, de delaciones– arrojó pronto resultados innegables e insospechados, hoy ha empezado a cobrar facturas a mandos policiales y militares corruptos.
Es decir, los pitazos que en principio apuntaban sólo hacia los delincuentes ahora han puesto el dedo sobre aquellos policías y elementos del Ejército que venden protección o información a los cárteles de la droga.
No fue coincidencia que a la caída de Reynaldo Zambada, mejor conocido como El Rey, considerado uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa y alfil de El Chapo Guzmán en el Distrito Federal, siguieran las denuncias abiertas sobre la presunta complicidad de mandos de la policía federal.
El primero a quien le fue puesto el dedo delator por sus presuntos vínculos con los Zambada es a Édgar Bayardo del Villar, ex inspector de operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), destituido de ese cargo hace unos cuantos días y puesto a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).
En los días previos a su remoción, el nombre de Bayardo del Villar había sido señalado en las ya célebres narcomantas que aparecen súbitamente, como por obra de magia, en diversas regiones del país y en las cuales se apunta, desde el anonimato, a funcionarios supuestamente vinculados con el crimen organizado.
El problema de fondo, causa de la verdadera y profunda preocupación en el interior de las estructuras federales, se refiere a que en dichas narcomantas también se leen los nombres del mismísimo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de algunos de sus subalternos, incluido el ahora ex titular de la PFP, Gerardo Garay Cadena, separado del cargo apenas el viernes anterior.
A todos ellos se acusa de estar coludidos y de vender protección al cártel de Sinaloa, a los Zambada e incluso a El Chapo Guzmán.
Pero lo cierto es que, pese a los deslindes que públicamente salieron a hacer desde la PFP, dos de sus altos mandos tuvieron que ser removidos, luego de ser sometidos a intensos interrogatorios.
El pasado viernes Garay Cadena dio a conocer a los medios de comunicación su decisión de separarse del cargo y ponerse a disposición de la PGR, instancia que lo investiga por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Garay Cadena se convirtió entonces en otra víctima de la política gubernamental de las delaciones y los pitazos, que comienza a cobrarles la factura a los propios encargados del combate a la delincuencia organizada.
Se sabe que son muchos más los nombres señalados por dedos anónimos, delatores, que apuntan también hacia altos mandos del Ejército.
En la estructura de la seguridad nacional se ahondan las dudas y sospechas. La caída, hasta ahora, de dos de sus altos mandos ha generado un nerviosismo que muy probablemente menguará la efectividad del combate a la delincuencia organizada.
Hacia el interior de las fuerzas armadas el nerviosismo es tal, que altos mandos del Ejército han tenido que salir al paso a desmentir, de manera tajante, versiones que vinculan a las estructuras castrenses con la delincuencia organizada.
Hay que recordar, sin embargo, que aunque ciertamente se ha tratado de casos aislados, mandos del Ejército ya se han visto involucrados en escándalos de corrupción y venta de información y protección a grupos y personajes vinculados con la delincuencia organizada.
Las redes del crimen organizado avanzan como la humedad. Se expanden. Se infiltran. Castigan, matan y corrompen a personas y estructuras del Estado.
Hoy, la estrategia de la delación y los pitazos, que tan sorprendentes dividendos dio al gobierno federal en la lucha contra el crimen, empieza a revertirse.
Como si se tratara de un bumerang, la estrategia gubernamental ha sido devuelta y vulnera la estructura federal desde sus entrañas; no obstante, este hecho también puede ser visto, si así se desea, como una oportunidad para depurar y sanear las instituciones.