Astillero

Julio Hernández López
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■ Si no pueden... que devuelvan los impuestos

El empresario Alejandro Martí ha agregado un elemento de fundada suspicacia al de por sí extraño manto de abigarrados intereses que en el pasado agosto convirtieron un deplorable suceso de grave inseguridad pública en un peculiar proceso de blanca y silenciosa protesta masiva. Utilizado el hecho por el gobierno federal, y explotado el sentimentalismo inherente para impulsar campañas mediáticas de unidad nacional y lucha cerrada por un “¡México!” sin partidismos ni discusiones (justamente cuando más vivas eran la discusión y la preparación de la defensa del petróleo), ahora resulta que el actor central, el dueño de las tiendas deportivas Martí y los gimnasios Sport City, ha estado buscando por la vía judicial que se le dé un trato de privilegio fiscal como el que en 2001 permitió a los dueños de Banamex –específicamente al empresario Roberto Hernández, siempre relacionado con ayudas importantes a campañas electorales y a gobernantes comodinos– realizar una venta de miles de millones de dólares sin pagar un centavo de impuestos al Estado mexicano.

El discurso y la postura de Martí se desgastan al saber que, a pesar de la desgracia familiar que le dio celebridad pública, persiste en una de las prácticas empresariales que más han creado las condiciones de desigualdad social que en una de sus vertientes producen a su vez violencia como la que terminó con la vida de un adolescente secuestrado. Los dueños de los grandes capitales se han especializado en México en quitar dinero a las estructuras públicas, ya sea mediante tretas de elusión fiscal o mediante abiertas maniobras de conversión de la riqueza colectiva en “negocios” legales que dejan injustas ganancias a esos privilegiados.

Al pedir que le devuelvan 100 millones de pesos que pagó al fisco a principios de este año por la venta de acciones del Grupo Martí que le dejó 2 mil millones de pesos (litigio que en estos días resolverá la Suprema Corte de Justicia), el empresario deportivo coloca en entredicho las palabras que pronunció meses atrás en Palacio Nacional, cuando se manifestaba contra la impunidad y la corrupción y mencionaba que en sus noches de dolor se preguntaba si a su hijo lo habría matado el engendro maligno de la impunidad “o todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera, hemos creado lo que hoy estamos viviendo”. Martí incluso planteó “¿quién es más culpable, el que deja hacer, o el que hace?” Buena pregunta, porque pareciera que tanto peca el que mata y secuestra como el que agarra la pata fiscal. Convertido en momentáneo depositario de virtudes cívicas extremas, el empresario Martí no parece estar en condiciones de “encauzar una nueva era del país”, como en su momento prometió. Bueno, ni siquiera de exigir con fuerza y congruencia que haya cuando menos resultados medianamente aceptables de las investigaciones policiales del caso que se ha convertido en feria de chivos expiatorios y en colección de situaciones tragicómicas a cargo del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard y de oportunismos a cargo del que encabeza Felipe Calderón. Por cierto, ¿qué se informará cuando se cumplan los famosos 100 días de plazo impuestos para quién sabe qué cambios?

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Un ingeniero petrolero de larga experiencia comenta a esta columna algunas de las cosas que un premio Nobel como Mario Molina no logra entender ni denunciar respecto a las causas profundas de accidentes como el de la plataforma Usumacinta el año pasado: para trabajar en plataformas o embarcaciones costa afuera (off shore) se requiere obtener la “tarjeta de mar” que a un costo elevado expiden las capitanías de puerto luego de demostrar que el interesado sabe nadar, incluso en condiciones extremas, y que ha pasado cursos básicos de sobrevivencia, primeros auxilios e incluso algo de leyes marítimas mercantes. Además, para trabajar en equipos de perforación de gas y aceite se necesita otro permiso, el llamado rig pass, que es otro curso de seguridad industrial y personal. El ingeniero, cuyo nombre será omitido, explica: “todo está legislado en cuestión de seguridad, pero en la práctica esos documentos te los venden sin tomar curso alguno. Hay empresas que se dedican a dar esos cursos (tarjeta de mar y rig pass) y te dan un curso de seis horas, cuando deberían ser no menos de 40. No es que los documentos sean falsos, es que no se realizan los cursos”… Ricardo Flores pregunta adónde se puede comunicar con la doctora Caldera “para darle una larga lista de ingenieros que están listos para trabajar en Pemex, y un puño de constructoras también”… En España, mientras tanto, se publican anuncios en los diarios en busca de ingenieros de caminos, canales y puertos, o ingenieros técnicos en obras públicas, para fungir como jefes de obra civil en México, conforme a las concesiones recibidas acá por el grupo constructor Aldesa (www.aldesa.es/ofertas_descripcion.jsp?idc=1&id=0016). Carlos Iván Franco, quien reporta lo anterior desde la península, recuerda que en los servicios concesionados se repiten esos esquemas de altos pagos y oportunidades abiertas para los extranjeros, sin dejar a los nativos más que menores y mal pagadas: “Así sucede en el caso de la energía eólica, concesionada a Iberdrola Renovables, que en conjunto con Gamesa explota campos de energía en México pagando una miseria a los ayuntamientos o a los particulares propietarios. En España hay un ejemplo clave en el ayuntamiento de La Muela, en Aragón, cerca de Zaragoza, que es donde más generadores de este tipo hay y donde al ayuntamiento le pagan un buen dinero por el uso de las tierras, lo que permite que con el dinero sobrante, además de invertirlo en equipamiento para el poblado, se destine una parte a invitar a los pobladores de La Muela a viajes anuales subvencionados”… Y, mientras la violencia se desborda en el estado de México, con cada vez más policías asesinados, ¡Hasta mañana, con el romántico gobernador Peña Nieto que disfrutando de la exquisita gastronomía parisina en compañía de su angelical Gaviota de la Rivera mexiquense!