■ Autoridades los protegen, asegura la madre
Piden castigar a agresores sexuales de niño en Oaxaca
Oaxaca, Oax., 1º de noviembre. Leticia Valdés Martell, madre de un menor atacado sexualmente en el instituto San Felipe, exigió al Poder Judicial estatal cumplir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y apremiar a la procuraduría de Justicia oaxaqueña a acatar la orden de aprehensión contra el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García –esposo de la dueña del plantel– como autores del delito.
Basada en el veredicto de la primera sala del máximo tribunal, que revocó amparo el 29 de octubre a los imputados de violar a su hijo, la mujer dijo que los funcionarios encargados deben actuar con apego a la legalidad pues ya no existe impedimento alguno, aunque a su juicio el “tráfico de influencias” en la procuraduría estatal no sólo impide castigar sino que protege a los autores de ese delito de “lesa humanidad”.
Valdez Martell afirmó que el abogado Jorge Franco Vargas, ex senador y padre del líder estatal del PRI, Jorge Franco Jiménez, favorece a Pérez y García con sus ligas políticas –al igual que Humberto Castillejos Cervantes (defensor de la ya presa profesora Magdalena García Soto)– y gracias al cabildeo de ambos pudieron escapar los violadores, aunque a juicio de la demandante continúan en el país pues no hay registro de su salida, e inclusive se hallarían en Oaxaca.
Castillejos Cervantes –recordó– hasta mayo pasado fue coordinador de asesores del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; su padre, Marcos Castillejos Escobar, un prominente abogado asesinado en julio, suegro de Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal Preventiva.
Por ende, “la PGR se ha hecho de la vista gorda cuando debía coadyuvar en la detención de los pederastas, y este tráfico de influencias explica que no hayan sido detenidos”, expuso la madre; asentó que seguirá luchando por el arresto de los agresores sexuales.
Valdez Martell responsabilizó al abogado Franco Jiménez y a su hijo Franco Vargas, así como a varios funcionarios federales, de cualquier agresión contra su familia o ella misma como represalia por demandar justicia.