■ Ligados a Opddic, presionan para que se desaloje a bases del EZLN
Asedian priístas de Agua Azul a zapatistas de Bolon Ajaw
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 1º de noviembre. Con una andanada declarativa que lleva varios días, los grupos priístas de la comunidad Agua Azul (municipio de Tumbalá) demandan al gobierno desalojar a los “invasores zapatistas” de la comunidad (que nunca nombran) Bolon Ajaw.
Agrupados en la Asociación de Ecoturismo Tzeltal Cascadas de Agua Azul, este viernes pidieron formalmente a las autoridades, a través de Jeremías López Hernández, su representante legal, el pronto desalojo “de más de 20 familias invasoras, que ya han ocasionado fuertes pérdidas ecológicas y tensiones violentas” en la reserva protegida.
En la campaña de presión al gobierno de Juan Sabines Guerrero por parte de este grupo que, vinculado con la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), administra desde hace décadas el balneario de las cascadas, se habla de una “disputa” por Agua Azul, la cual no existe.
Los parajes de tierra recuperada a los finqueros donde se asienta Bolon Ajaw nada tienen que ver con el ejido Agua Azul, cuyos pobladores más bien parecen estar dando la pelea por encargo.
Hoy reviven los priístas una demanda penal por “despojo, ecocidio y amenazas” que presentaron en 2003 contra “presuntos zapatistas de Chilón”, como los denominan, aunque no son “presuntos”, son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La asociación ecoturística culpa al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía de que el “problema no esté resuelto”, haciendo eco a una nueva versión de columnistas políticos locales en el mismo sentido.
¿Necesitan empujón?
Ante las presiones presupuestales del gobierno federal, así como de inversionistas y grupos políticos, para allanar el paso a los proyectos carreteros y turísticos en la Lacandona (incluyendo las selvas de Chilón, Tumbalá y Salto de Agua), el gobierno de Chiapas parece “necesitar” que lo empujen a “resolver el problema”.
Esto lo dificultaron los hechos en Chinkultic hace un mes, donde un torpe desalojo policiaco causó seis muertes y un rosario de violaciones a los derechos humanos. De inmediato, el Ejecutivo presentó al Congreso estatal un protocolo para “reglamentar” los desalojos y prevenir futuros desastres humanitarios.
Además, no resulta fácil para el gobernador Sabines romper su compromiso público, reiterado en diversas ocasiones, de no efectuar desalojos en la zona de Agua Azul ni en otras áreas naturales protegidas por bases zapatistas y a cargo de las juntas de buen gobierno.
Los ejidatarios priístas de Agua Azul, habilitados por el gobierno como “guardias forestales” en abril pasado, también “culpan” a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y le exigen actuar. Es decir, que haga venir a las policías federales para responder a las demandas de los ejidatarios “turísticos” vecinos de Bolon Ajaw.
Alberto López Urbina, presidente de la asociación de ecoturismo, declaró ayer que “el problema se agudizó hace unos meses, cuando se presentaron los primeros enfrentamientos entre fracciones de invasores para disputarse una caseta ilegal de cobro”, omitiendo que los miembros de Opddic en el adyacente ejido San Sebastián Bachajón son quienes pretenden apoderarse de la caseta propiedad de dicho ejido, en el municipio de Chilón. Además, ese conflicto no tiene que ver con Bolon Ajaw.
López Urbina también aseguró que el pasado 12 de octubre “los ocupantes iniciaron un brecheo para delimitar su jurisdicción afectando a la reserva y amenazando con invadir más”.
El conflicto no se limita a las cascadas de Agua Azul. En otros parajes fluviales de especial belleza, también objetivo de los magnos proyectos turísticos para la región como Agua Clara, municipio Salto de Agua, también se está calentando el ambiente contra las bases zapatistas. Este jueves 30, ejidatarios que en 1994 eran miembros del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional solicitaron la intervención del gobierno del estado, argumentando que bases zapatistas, “no conformes con invadirles 20 hectáreas de su centro ecoturístico y desplazarlos del cobro por ingreso, ahora les impiden el paso a sus parcelas”.
Esas tierras fueron recuperadas después del levantamiento del EZLN en 1994 por bases zapatistas y otras organizaciones independientes, mediante acuerdos comunitarios que con frecuencia han sido rotos por los segundos, sobre todo después de 2000, cuando el PRD llegó al poder en Chiapas. Es el caso de Agua Clara.
Los ejidatarios “cardenistas”, encabezados por Pascual Pérez Gómez, comisariado ejidal, acudieron esta semana a la Secretaría de Gobierno y se entrevistaron con Gabriel Robles Ballinas, delegado en la Región IV Selva. Allí acusaron a “presuntas” (otra vez) bases zapatistas de “apoderarse” del centro ecoturístico.
Por lo pronto, Robles se comprometió a entregarles despensas.